La Moneda abordó este lunes por primera vez el informe dado a conocer a fines de la semana pasada por la Contraloría General de la República, en el que calculó diversas irregularidad financieras en organismos del Estado -incluyendo Gobierno, municipios y universidades estatales- por US$ 1.600 millones.
“Como Gobierno valoramos el rol fiscalizador de la Contraloría y el llamado es que esperamos que no sea utilizado con fines políticos para impulsar -como hemos visto en otras partes- políticas como utilizar motosierras para achicar el tamaño del Estado”, señaló la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, hoy en el Palacio de La Moneda.
Etcheverry planteó que “este es un reporte que se hace todos los años desde 2015. Es una memoria que da cuenta de los procesos de auditorías, hay un porcentaje que pertenece al Gobierno Central” y que “se trata de acciones de organismos públicos de años anteriores, incluso del Gobierno anterior, no son las acciones de 2024, es lo que la Contraloría revisó en ese año”.
La también ministra de Ciencia afirmó que “desde el Ejecutivo y dada la importancia del tema, no solo tenemos el Consejo de Auditoria Interna, también enviamos al Congreso un proyecto para entregarle un rango legal” a ese consejo.
La vocera explicó que “esto no es una revelación o un informe que nos pille por sorpresa, este es un trabajo que hace permanentemente la Contraloría y que el Gobierno ha tomado con mucha seriedad en estos tres años, en un seguimiento permanente de las acciones que están tomando los servicios para resolver los hallazgos del informe”.
Marcel pone paños fríos
En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que las respuestas de los servicios públicos a esas observaciones del informe de Contraloría “todas ellas están contenidos en un informe del Consejo de Auditoria Interna del Gobierno que hace el mismo balance. Sugeriría, aparte de leer el informe de Contraloría, ver también el informe del Consejo de Auditoría Interna sobre respuestas y acciones que se han tomado”.
Desde la sede de Gobierno, Marcel afirmó que “todo esto es bien transparente y es parte del sistema de funcionamiento de control externo del Estado, que es necesario y ayuda a corregir errores o identificar irregularidades”.
El ministro de Hacienda sostuvo que “debemos ver el tema del control externo como parte de la institucionalidad del Estado, no como algo político que sale al debate por las elecciones o un conflicto político, es parte del control externo que se hace con rigurosidad y que, al mismo tiempo, los servicios públicos responden con prontitud a las observaciones que se les hacen”.
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