El Presidente José Antonio Kast presentó un proyecto de reforma constitucional, que buscará tipificar como causal de cesación en el cargo aquellos funcionarios que tengan resultados positivos en test de drogas, a menos de una semana de la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez.
El proyecto busca “fortalecer los principios de transparencia y probidad” en el ejercicio de la función pública, estableciendo además que los funcionarios que resulten positivos, tendrán derecho a una contramuestra, de así desearlo.
Sobre la iniciativa, el propio Presidente aseguró que esta reforma requiere “un trabajo legisativo adicional”, para entregar certezas a cada autoridad de que “esto se va a hacer de manera científica, comprobable y que nadie sea sometido a una sanción que no corresponda porque un procedimiento o alguna investigación no se haya hecho de manera correcta”.
Asimismo, fue el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, el que precisó que, aunque actualmente existe en la ley de presupuestos una glosa que menciona el test de estupefacientes, “nada dice sobre el procedimiento, ni otras autoridades”.
Es por esto que sostuvo la necesidad de “tener claridad al establecer una nueva causal de acción del consumo de drogas”, para posteriormente “unificar los criterios de la legislación”.
Alvarado reveló que el proyecto busca que las exigencias del control preventivo alcance a autoridades del Ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales y municipios, donde nadie quede “excluido de los mismos estándares”.
La iniciativa excluye al cargo de Presidente de la República y establece que estarán afectos a esta normativa: ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, Consejeros regionales, alcaldes; y concejales.
¿Posible reincorporación?
Más tarde, en su labor de vocero de gobierno, fue Alvarado quien despejó las dudas respecto a la posibilidad de retorno de Juan Pablo Rodríguez al gobierno, en el caso de una contramuestra con resultado negativo.
Sobre el posible escenario, el vocero detalló que el gobierno “tomó una decisión política que hace que la subsecretaría (de Hacienda) esté en manos de un subrogante”, en referencia al coordinador de regulación económica y jefe de asesores, Tomás Bunster.
Además, detalló que son los propios funcionarios quienes “tienen derecho a activar el proceso de esa contramuestra”, aunque sostuvo que desde el Ejecutivo están “total y absolutamente de acuerdo a las normas de los procedimientos que se establecieron en las bases técnicas de la licitación pública”.
La respuesta de Alvarado, dejaría entonces en entredicho lo dicho por el Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, quien en conversación con Canal 13 lanzó que “si la contramuestra (de Rodríguez) es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al gobierno”.
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