Invariabilidad tributaria: lo que existe hoy
Hoy no existe una mecanismo amplio que permita la firma de un contrato ley entre el Estado e inversionistas -tanto locales como extranjeros- para mantener las condiciones tributarias para proyectos de inversión por un horizonte amplio.
Hasta enero de 2016 existió en Chile el decreto ley 600 (DL-600) que permitía la firma entre el Estado e inversionistas extranjeros que congelaba por un plazo general -de 10 o 20 años- la carga impositiva aplicable a la inversión extranjera al momento de firmar un contrato con el Estado. Si los impuestos subían, el inversionista mantenía su tasa histórica; si bajaban, podía acogerse a la nueva rebaja. Creado en 1974, se eliminó en 2016 en el marco de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Lo que cambia con la ley de reconstrucción
Se crea un mecanismo que permite firmar un contrato ley entre el Estado e inversionistas -locales y extranjeros- para mantener ciertas condiciones tributarias por un plazo mínimo de 10 años y máximo de 20 años.
La invariabilidad se establece por tramos: 10 años para las inversiones por hasta US$ 100 millones; 15 años para proyectos sobre US$ 100 millones y hasta US$ 350 millones; y 20 años para iniciativas superiores a US$ 350 millones.
“Otra diferencia que tiene este régimen con el DL 600 es que esta invariabilidad no es gratuita. Terminó considerándose una prima de acceso, que básicamente incrementa en 1,5 puntos porcentuales la tasa de impuesto de Primera Categoría. Esto, en términos simples, funciona como un seguro. El inversionista paga hoy por tener una mayor certeza respecto de su inversión a futuro”.
Los efectos esperados
“Aquí no estamos frente a una rebaja de impuestos, estamos frente a un contrato de estabilidad entre el Estado y el inversionista, que apunta a ser una herramienta de gestión de riesgos”.
“La lógica es bastante simple: una empresa que evalúe invertir cientos o miles de millones de dólares en Chile quiere saber cuáles son las reglas tributarias que enfrentará cuando el proyecto entre en operación”.
“Una diferencia respecto al DL 600 es que estaba construido sobre una carga tributaria efectiva fija de un 42%. El nuevo régimen apunta a ser más sofisticado. Protege la carga impositiva efectiva total a la renta y ciertos criterios administrativos del SII que son muy importantes al momento de valorizar este tipo de proyectos, como la depreciación, pérdidas tributarias, gastos de organización y puesta en marcha”.
Los plazos para su puesta en marcha
El régimen de invariabilidad tributaria comenzará su operación el 1 de enero de 2027.
“Este régimen de invariabilidad implica un nivel de transparencia y de cumplimiento muy alto. La invariabilidad no significa que el contribuyente queda medio aislado, sigue estando sujeto a la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, a las normas antiabuso, a tener que llevar un altísimo nivel de sustancia económica, a tener que analizar ex ante todo el impacto y la cadena de valor agregada de sus proyectos”.
“El plazo (de la invariabilidad) empieza a correr desde que el proyecto se pone en marcha y la puesta en marcha del proyecto va asociada a la generación de utilidades del proyecto. Recordemos que esto busca proteger rentas en un proyecto minero de gran envergadura o de energía o de infraestructura complejo. Estamos hablando de ocho o 10 años hasta que eso ocurra”.
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