Por Cristián Torres E.
A pie firme avanza el proyecto sobre Inscripción Automática, Servicio Electoral y Sistema de Votaciones. Ayer, con un amplio marco de consenso en prácticamente todo el articulado, las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución de la Cámara de Diputados terminó de aprobar y despachar la iniciativa. El proyecto de ley, que aún debe pasar por un último trámite en la comisión de Hacienda antes de ir a la Sala, fue abordada en tiempo récord por el grupo parlamentario, que presidió el diputado Germán Becker (RN). Esta premura tiene como objetivo permitir su despacho del parlamento durante el mes de enero y su promulgación y publicación como ley antes del 1 de febrero.
Desde la Cámara Baja, aseguran que el calendario explicado por los representantes del Servicio Electoral (Servel) da cuenta de la siguiente relación: tres meses para que se pueda hacer el proceso de inscripción masiva (se suman cerca de cuatro millones de nuevos ciudadanos); dos meses para que la gente se informe y solicite los cambios necesarios, todo eso tras con una campaña que efectuará el gobierno; y cuatro meses para efectuar el proceso normal de una elección, en este caso, la municipal. En total, el cálculo es de 270 días.
Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, agradeció al término de la sesión por el acucioso trabajo realizado en “un proyecto que va en pos de mejorar nuestro sistema democrático”.
Visiones de expertos
El abogado del estudio jurídico Del Río & Morgan, Jorge Navarrete, sostiene que es partidario del voto obligatorio y la inscripción automática. Justifica su postura en dos argumentos: una razón de tipo filosófico-político que apunta a que el sufragio no es sólo un derecho, sino también un deber democrático; la segunda, es que “la experiencia comparada muestra que la voluntariedad del sufragio tiende también a favorecer a las élites”.
Similar percepción sobre el voto obligatorio, es la que tiene el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, apuntando primero a un carácter normativo, “pedirle cada dos o tres años, que una persona tenga la carga de asistir a votar, me parece que es análoga a la carga de tener que entregar parte de su propiedad privada para financiar otros bienes públicos. El segundo, es un factor empírico, donde la evidencia de EEUU y Europa revela que cuando el voto es voluntario los que quedan excluidos, porque no tienen el capital cultural de darse cuenta de que su voto es importante, son los grupos socioeconómicos bajos”, explica Couso.
Una versión opuesta es la que tiene el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Eugenio Guzmán, quien sostiene que muchas veces se da el argumento de que el voto voluntario debilita la democracia, “pero la mejor forma para debilitar el sistema político, es quitarle a las personas un derecho, porque lo único que se está incentivando es que participe gente sólo en razón de la sanción que va a recibir”.
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