El inminente inicio del debate sobre un cuarto retiro desde los fondos previsionales tiene al gobierno expectante, sacando cuentas respecto del costo fiscal de su jugada para contrarrestar un nuevo rescate de ahorros desde las AFP: extender la vigencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La actual versión ampliada tiene duración hasta septiembre. Se espera que el Ejecutivo anuncie esta tarde una nueva extensión, la que tendría características distintas al actual instrumento, incorporando incentivos a la contratación que complementen la transferencia directa.
En paralelo, los analistas sacan sus propias cuentas. Un informe elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD) hace una aproximación respecto a cuánto sería el impulso adicional del sector público en este nuevo escenario.
En el documento, el centro de pensamiento cuantificar cuánto le costaría al Fisco extender el actual programa IFE "universal" a los meses de octubre noviembre y diciembre, lo que agregaría más de US$ 8.800 millones adicionales en desembolsos para el sector público.
¿El resultado? El gasto total del Estado este año ya no se expandiría 27,3% como proyectó Hacienda en julio pasado -que ya era un récord desde que hay registro-, sino que el crecimiento sería de 38,4%, otro máximo histórico.
Esto llevaría a que los desembolsos del Estado pasarían de representar el 30,5% del PIB previsto por Hacienda a 33,2% del tamaño de la economía, también una cifra inédita en la historia del país.
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"Dados los mismos ingresos, en este escenario alternativo el déficit efectivo y estructural alcanzarían a -9,8 y -12,2%, respectivamente (-7,1 y -9,5% en el escenario base). Finalmente, dado que todo mayor gasto tendrá que ser financiado con emisión de deuda, aumentaría a 36,8% del PIB", señala el reporte enviado a suscriptores a fines de la semana pasada.
El ejercicio toma como referencia el costo estimado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para la aplicación del IFE universal para los meses de junio, julio, agosto y septiembre (50% del beneficio mensual). Por tanto, según LyD, el ejercicio de sensibilización asume que septiembre se entregará la totalidad del beneficio mensual, "al igual que los tres restantes meses, aumentando el costo al doble de lo ya estimado por Dipres".
Será más difícil apretarse el cinturón
El análisis de LyD también advierte que ampliar dicho mecanismo dificultará aún más el regreso a la senda de responsabilidad fiscal, provocando una caída mayor del gasto público a la hoy pronosticada para 2022.
En específico, bajo este nuevo escenario alcanzar el próximo un déficit estructural de 3,9% del PIB -como prevé el Ejecutivo- implicaría una caída del gasto de 26% en el Presupuesto 2022, lejos de la contracción de 19,6% que internaliza el escenario base de la Dipres a julio.
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"Aun cuando esta reducción se justifica a la luz de la mejor situación sanitaria y económica, así como del gran deterioro de las cuentas fiscales, es una disminución importante que probablemente encontrará dificultades en la discusión parlamentaria de la respectiva Ley de Presupuestos", enfatiza el reporte.
"En la discusión pública ya se escuchan peticiones de mayor gasto. Escenarios alternativos de mayor gasto fiscal muestran la importancia de contener estas presiones para que la deuda se estabilice en niveles cercanos al 40% del PIB. Un mayor gasto que el considerado para el 2022 y años siguientes podría llevar a la deuda a acercarse al 70% hacia 2025, sin signos de estabilización", cierra el análisis.
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