A días de que la familia Von Appen tome el control de Puerto Coronel, el terminal deberá responder las observaciones formuladas al proyecto de ampliación que tramita ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El 12 de agosto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) autorizó sin condiciones la compra del 50% que Arauco posee en Puerto Coronel por parte de Neltume Ports, firma ligada al grupo Ultramar. Una vez perfeccionada la operación, la compañía elevará su participación desde 25% hasta 75% y pasará a ejercer el control exclusivo del recinto portuario.
Puerto Coronel tramita actualmente una ampliación estimada en US$ 35 millones. El proyecto contempla profundizar los muelles Norte y Sur mediante obras de dragado, que consisten en retirar arena, barro y otros sedimentos acumulados en el fondo marino.
Las obras permitirían recibir naves de hasta 400 metros de eslora y elevar progresivamente la capacidad del terminal hasta unos 17 millones de toneladas de carga y 500 mil TEU al año. El aumento se apoyaría en la operación conjunta de siete sitios de atraque distribuidos entre los muelles Norte, Sur y Granelero.
El material extraído durante el dragado sería transportado y vertido en un punto ubicado a unas 27 millas náuticas de la costa, equivalentes a aproximadamente 50 kilómetros de las instalaciones portuarias.
La iniciativa, que considera una vida útil de 50 años, incluye además modificaciones en el Centro Logístico Coronel. Entre ellas se encuentra la habilitación de una bodega de 20 mil metros cuadrados, la actualización de otra instalación y la reubicación de las áreas de lavado de contenedores, mantención de equipos y almacenamiento de combustible.
También contempla ampliar en 1.672 metros cuadrados la zona para mercancías peligrosas, que alcanzaría una superficie total de 3.822 metros cuadrados.
Cambio de cronograma
Puerto Coronel presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto el 18 de mayo de 2026 y el SEA la admitió a trámite el 26 del mismo mes.
El 8 de julio, el organismo emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones, conocido como ICSARA, mediante el cual solicitó antecedentes adicionales para continuar con la evaluación. Según informó la empresa, las principales observaciones están relacionadas con las actividades de dragado y con el posterior vertimiento de los sedimentos en el mar.
Para responder, Puerto Coronel actualizará los informes sobre el medio marino y el modelamiento del dragado y vertido. También revisará los estudios de ruido y vibraciones, el inventario de emisiones y el análisis de calidad del aire.
El cronograma presentado por el terminal contempla la gestión de permisos para efectuar nuevos levantamientos marinos, la actualización de la caracterización del medio marino y la elaboración de una adenda técnica con sus respectivos anexos. Además, considera actualizar los capítulos de la DIA e integrar los nuevos antecedentes en la respuesta.
El 12 de agosto, Puerto Coronel comunicó al SEA que requería más tiempo y pidió extender hasta el 31 de diciembre la suspensión del plazo restante del procedimiento de evaluación ambiental.
El SEA estuvo de acuerdo con ampliar la suspensión, pero resolvió hacerlo “no en los términos” solicitados por el titular. La autoridad sostuvo que la actualización de los capítulos de la DIA, la integración de los antecedentes en la adenda y su edición general podían ejecutarse en un plazo menor.
Por ello, fijó el 30 de noviembre como fecha de término de la suspensión, un mes antes de lo solicitado por la empresa. El procedimiento continuará una vez vencido ese período o antes, si Puerto Coronel presenta su adenda.
La comunidad entra al proceso
En paralelo, tres organizaciones sociales de Coronel solicitaron al SEA abrir un proceso de participación ciudadana. El organismo determinó que dos cumplían los requisitos legales, por lo que abrió el proceso por un plazo de 20 días.
Para justificar la decisión, la autoridad concluyó que el proyecto genera cargas ambientales para las comunidades próximas. El organismo señaló que el dragado y la disposición del material en el mar podrían producir efectos sobre la turbidez, la calidad de las aguas y los ecosistemas marinos durante la ejecución de las obras.
También identificó eventuales afectaciones sobre las actividades de recolección de recursos marinos y posibles efectos derivados del aumento del flujo de camiones, como mayores emisiones atmosféricas, ruido, vibraciones y alteraciones al tránsito local.
El SEA sostuvo que es “altamente probable” que el proyecto pueda afectar la calidad de vida de las comunidades próximas. Dentro del área de influencia identificó los sectores La Colonia, Clotario Blest, Corcovado, Santa Elena, Erratchou, Estero Manco y Laurie Playa Negra.