El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció ayer que una de las propuestas para ampliar el presupuesto del agro colombiano es no desmontar el impuesto a las transacciones financieras. Llamado 4x1.000, su nombre deriva de que se cobran 4 pesos por cada mil retirados de una cuenta de ahorro.
Todas las personas tienen derecho a tener una cuenta con extensión de impuesto, siempre y cuando los retiros sean menores a ocho millones de pesos.
Esto le daría al gobierno nacional 2,7 billones de pesos adicionales (unos US$ 1.400 millones) para cubrir parte de la crisis.
Si bien este gravamen genera sinsabores en la banca, según los expertos resulta muy cómodo para la Nación, pues es de fácil recaudo.
El 4x1.000 se creó hacia 1999 con el fin de suplir la crisis financiera de ese momento, pero con el paso de los años ha servido para cubrir otras necesidades financieras del país, una de ellas el terremoto del Eje Cafetero. Igualmente debido al paro cafetero se había contemplado su no desmonte y con el reciente paro agrario se vio finalmente la necesidad de mantenerlo.
Según Horacio Ayala, ex titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), “el 4x1.000 ha recibido mucha crítica porque no consulta la capacidad económica de la gente. Pero sigue vigente porque es muy fácil de recaudar, es muy efectivo y económico si lo compara con un impuesto sobre la renta o sobre las ventas”.
La propuesta de Hacienda se incluiría en un nuevo proyecto de ley que irá al Congreso en paralelo a la presentación del Presupuesto General de la Nación de 2014. De acuerdo con Cárdenas, “el país esta clamando por necesidades agropecuarias, el campo colombiano necesita ponerse al día porque se quedó atrás (...) Ante circunstancias extraordinarias, soluciones extraordinarias”.
¿Cómo afecta esta nueva decisión al sector financiero y a los usuarios de la banca en general, luego de que se creía que los costos de las transacciones iban a disminuir a partir de enero de 2014 con el 2x1.000? Según los expertos, la decisión no genera ningún impacto negativo inmediato, pues los usuarios ya están acostumbrados a pagarlo y aunque se tenía la perspectiva de su desmonte gradual, el cambio no sería notorio.
Para Munir Jalil, economista jefe de Citibank, “el cambio es cuando pasa a cero (...) creo que uno de los más afectados son las tesorerías de las compañías”.
Actualmente en el país al menos 20,8 millones de personas cuentan con un producto de ahorro o crédito, lo que según datos de Asobancaria, corresponde a un 67% de bancarización.
Asimismo, al cierre del año pasado se recaudó un total de 5,4 billones de pesos (unos US$ 2.700 millones) a través de este impuesto.
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