A pocas horas de asumir, el gobierno de Mauricio Macri eliminó el “cepo” a la compra de dólares que por años había ahogado a la economía, enviando un shock de confianza a los mercados. Ahora, cuando el mandatario todavía no cumple tres meses en el cargo, se apronta a asestar un golpe histórico, a medida que se acerca un acuerdo que sacaría al país del default en que se mantiene desde hace quince años.
El negociador argentino Daniel Pollack informó el lunes por la noche que otros cinco fondos de inversión aceptaron una oferta para cancelar deuda pendiente por US$ 250 millones y 185 millones de euros. El anuncio se suma a los acuerdos cerrados en los últimos días con los fondos EM y Montreux Partners por más de US$ 1.000 millones, además de 50 mil inversionistas italianos. En paralelo, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, informó la emisión de un bono por US$ 15 mil millones para financiar el pago a los acreedores que acepten renegociar antes del 29 de febrero.
La operación permitirá al gobierno ahorrar cerca de US$ 5 mil millones debido a los términos del contrato además de otros US$ 3 mil millones gracias a que el pago se realizaría en efectivo y no con canje de bonos.
“Todos los bancos con los que hemos hablado están confiados de que podremos recaudar el dinero. Estamos optimistas”, dijo el secretario de Finanzas Luis Caputo.
Victoria en Nueva York
El regreso de Argentina al mercado financiero internacional es una de las principales promesas de campaña de Macri y el ex alcalde de Buenos Aires ha estado trabajando en ella desde antes de asumir, el 10 de diciembre, pero en las últimas semanas los eventos han comenzado acelerarse.
Argentina presentó a fines de enero una oferta a los acreedores para pagar 72% del principal de la deuda más intereses. Las condiciones son mucho más favorables que el 30% en los canjes de deuda de 2005 y 2010 que fueron rechazados por un número de inversionistas y que demandaron a Argentina ante un tribunal en Nueva York.
En total, los titulares de cerca de US$ 6.100 millones en deuda impaga vigente ya han aceptado la nueva oferta sobre un total de US$ 20 mil millones.
Pero la principal victoria del gobierno de Macri llegó la semana pasada en tribunales. El juez de Nueva York Thomas Griesa mantiene desde 2014 una orden conocida como “stay”, que impide al gobierno argentino pagar o emitir nueva deuda mientras no pacte un acuerdo con la totalidad de los “holdouts”, como se denomina a los acreedores que no aceptaron las condiciones de los anteriores canjes.
Debido a que Citrigoup, el banco que utiliza Argentina para sus pagos internacionales, está bajo jurisdicción del tribunal, la medida bloqueó el año pasado un pago de US$ 2.300 millones a acreedores que no mantenían conflictos con el país. De haberse realizado, los fondos habrían sido incautados y distribuidos entre los holdouts.
Buena fe
En un reconocimiento a la mejor disposición de las nuevas autoridades para negociar, Griesa elogió la “buena fue de Argentina” y pidió a los acreedores que justifiquen si existen razones para no retirar el bloqueo. Aunque un grupo de inversionistas más duros encabezados por el fondo Elliot Management de Paul Singer, insistieron en que la medida es necesaria porque la oferta de Argentina todavía no es satisfactoria y es la única “palanca” que tienen para mantenerla en la mesa de negociaciones, el magistrado desestimó los argumentos y anunció el viernes que está dispuesto a eliminar el “stay”.
Por su parte, el gobierno trasandino también podría retirar hoy su apelación contra el stay.
Para que Griesa levante definitivamente las restricciones, sin embargo, el gobierno de Macri debe cumplir antes ciertas condiciones. La más importante es que el Congreso derogue la denominada “Ley Cerrojo”, que implementó Cristina Fernández y que impide al gobierno hacer una oferta mejorada a los acreedores.
Apoyo en el Congreso
Todavía no hay una fecha definitiva para discutir la iniciativa en el Congreso, pero se espera que sea pronto, una vez que los legisladores regresen de su receso el 1 de marzo. Aunque Macri no tiene asegurado el respaldo, hay señales alentadoras. El 11 de febrero, el Senado aceptó una propuesta del gobierno para convocar sesiones extraordinarias para debatir propuestas del gobierno y se conformaron dos comités especiales.
La coalición de Macri cuenta con 92 escaños en la Cámara Baja, de los 129 votos que necesita, pero en las últimas semanas quince diputados han renunciado a las filas del opositor Partido Justicialista, prometiendo mayor colaboración con las nuevas autoridades.
Macri, por su parte, ha hecho concesiones, como subir el umbral para el ingreso mínimo que paga impuestos a la renta y podría además anunciar una baja del IVA.
“Estamos estudiando los detalles de la propuesta que vamos a enviar al Congreso, pero mucho va a depender de cuantos fondos se unan a la propuesta la proxima semana”, dijo Prat Gay. “Queremos hacerlo de modo de que sólo tengamos que ir al Congreso una sola vez”.
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