El gobierno del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, decretó ayer la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (Aftic) por 180 días, decisión ya recurrida en la justicia por el titular del primero de esos entes.
“Ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Telecomunicaciones, Óscar Aguad.
“Existe una rebeldía de las autoridades”, señaló Aguad ante la decisión de los titulares de la Afsca y la Aftic, nombrados bajo la gestión de Cristina Fernández (2007-2015), de no dimitir tras el cambio de gobierno.
“Esta rebelión justifica la intervención porque si no estamos en un caos”, agregó el ministro, quien tildó de “militante político” al titular de la Afsca, Martín Sabbatella, y le acusó de haber “utilizado la ley de medios audiovisuales para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros”.
Además, Aguad informó de que “la Ley de medios por ahora no se toca”, aunque dejó abierta la puerta a una revisión futura.
En unas declaraciones a los medios, Sabbatella consideró que la intervención “es un atropello” “y “una violación de la ley”.
Desde la Afsca, Sabbatella recurrió a la Justicia para frenar la intervención y presentó un hábeas corpus y un recurso de amparo con medida cautelar.
A través de la primera medida, el organismo “solicitó que se dicte un hábeas corpus que disponga la libertad individual y ambulatoria” de Sabbatella, al considerar que ésta se encuentra “amenazada por un acto proveniente de autoridad incompetente, con empleo del aparato de fuerza del Estado”.
Por otra parte, Sabbatella presentó un pedido de amparo para que se declare la nulidad del decreto que dispone la intervención de la Afsca y la Aftic y saca de sus funciones a todos los directores de ambos organismos.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009 para sustituir a otra sancionada durante la última dictadura militar (1976-1983), fue declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín, el mayor multimedio de Argentina y el Ejecutivo de Fernández. La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite. (Efe)
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