El impuesto a la banca resucita de nuevo: la Comisión Europea reafirmó ayer que propondrá un impuesto a las transacciones financieras no minoristas en la cumbre del G20 en noviembre.
Este anuncio se produce un día después de que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, plantearan la misma medida en su plan para salvar a la eurozona.
Sus ministros de Finanzas trabajan conjuntamente en el impuesto, apoyando a la Comisión, y su plan estará en septiembre. La propuesta, pese a su falta de concreción y a sus escasas posibilidades de materializarse a corto plazo, enfureció ayer al sector.
Éste cree que se quedará en desventaja frente a las zonas que no tengan esta tasa. Además, el plan dividió a los países de la UE y provocó que las acciones de los bancos iniciaran la sesión con caídas (BBVA se dejaba un 2,12% y Santander, un 1,9%).
Discrepancias en el mercado
Simon Lewis, consejero delegado de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (que agrupa a grandes bancos intermediarios y mercados), afirmó que el sector financiero “no puede ser contemplado como una fuente adicional de ingresos tributarios, sino como una parte esencial para el crecimiento de la economía”.
Lewis incidió en que muchas transacciones financieras se realizan por cuenta de clientes, a los que se les repercutirían los costes de la tasa.
Deutsche Boerse, por su parte, lamentó que el impuesto generaría un incentivo adicional para que las transacciones financieras se trasladen a los mercados donde la jurisdicción no es aplicable.
Historia del impuesto
La creación del impuesto, conocido como tasa Tobin (ideada por el economista James Tobin en 1972), empezó a plantearse como respuesta a la crisis que sucedió a la quiebra de Lehman Brothers, en 2008.
Gran Bretaña, Francia y Alemania defendieron esta medida (para frenar la especulación y el riesgo) en la cumbre que el principal foro económico internacional contra la crisis, el G20, celebró en Pittsburgh (EEUU), en 2009. La implantación de la tasa se debatió en los sucesivos encuentros del G20, pero nunca se pudo consensuar.
Japón, Canadá o Australia (con sectores financieros que apenas sufrieron por la crisis), se negaron a aplicarla. Ante la imposibilidad de que la tasa fuera internacional, EEUU o Reino Unido también rechazaron su aplicación para evitar perjudicar a su sector financiero y evitar deslocalizaciones.
La cumbre de Toronto, en 2010, concluyó sin fijar ninguna tasa, dejando a cada país libertad de decisión. El FMI, por su parte, se opuso a un impuesto sobre las transacciones aunque sí llegó a admitir otras medidas como un impuesto en función de los activos. Algunos países ya tenían antes medidas en el ámbito nacional, como Gran Bretaña o Brasil.
Pese a la falta de consenso, Bruselas fue trabajando en su implantación, trascendiendo oficiosamente planes como gravar la compraventa de acciones y bonos con 0,1% o 0,01% para derivados financieros. Jon Peace, analista del holding empresarial y financiero Nomura, calcula que la UE podría recaudar entre 30.000 y 50.000 millones de euros al año con estos porcentajes.
Un panorama incierto en el mediano plazo
Pero estos cálculos pueden quedar en nada por las divisiones internas. Irlanda exigió ayer que la tasa se aplique a toda la UE, no sólo a la zona euro. Algo que Bruselas comparte pero que Gran Bretaña difícilmente va a aceptar. España y Austria respaldan a Sarkozy y Merkel. Además está por definir qué se haría con el dinero o quién lo recaudaría.
Nuria Álvarez, de la corredora Renta 4, admite que se desconoce cómo será el impuesto y “qué impacto tendrá en el beneficio de la banca. Aunque puede reducir el número de transacciones financieras”. Soledad Pellón, de IG Markets, coincide en “que es complicado valorar sin saber a qué tipo de transacciones va a gravar.
Si sólo se aplica en la UE, la haría menos competitiva y podría provocar la evasión a otros mercados. No es una medida adecuada pero sí populista”, indica. Para los analistas de la firma de servicios financieros Ahorro Corporación en caso de aplicarse los más perjudicados serían bancos de inversión y operadores bursátiles.
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