El Ministerio de Desarrollo Social de Argentina fue autorizado a realizar compras masivas de alimentos para abastecer a los sectores más necesitados en el marco de la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus.
Entre los artículos están alimentos de primera necesidad —aceite, fideos y azúcar— que servirán para abastecer a las familias más vulnerables. Pero, la acción generó una gran polémica en el país por los precios que se pagaron por ellos.
Y es que, según la información de esas compras, que fueron publicadas este lunes en varias resoluciones en el Boletín Oficial, el valor cancelado por los productos fue más alto que el que pagan los consumidores en grandes cadenas de supermercados, incluso a pesar de haber sido adquiridos en grandes volúmenes.
Por ejemplo, en el caso de la compra de fideos, por la presentación de 500 gramos, se adquirieron con un 51% de diferencia sobre los precios que manejan las grandes cadenas. Sin embargo, desde el Ministerior aclararon que ese precio era por kilo y no por paquete, por lo que era necesario hacer una correción.
En tanto, para el caso del aceite, se autorizó la compra de 1.700.000 unidades de 1,5 litros. El precio detallado estuvo alrededor de los 157 pesos argentinos (US$ 2,42) por dicha presentación, a pesar de que el gobierno mantiene como cumplimiento obligatorio, que el aceite tiene un valor máximo de 98 pesos por botella.
Desde el Ministerio reconocieron al diario local La Nación que se pagó por encima de los precios máximos. "En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra", aseguró la cartera.
La llamativa situación se da en medio de los enojos presidenciales por el precio de los alimentos. De hecho, según el propio Jefe de Estado Alberto Fernández dijo, prepara un decreto de necesidad y urgencia para convertir a los municipios en autoridad de aplicación de la ley de defensa a la competencia, justamente, para controlar los precios máximos de los alimentos.
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