Más de 120 mil trabajadores franceses se tomaron ayer las calles de París y de otras ciudades durante el primer día de una huelga nacional indefinida que plantea el mayor desafío para el presidente Emmanuel Macron desde que comenzaron las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos hace un año.
La movilización del sector público apunta a ser la mayor en casi 25 años y ha estado impulsada por la reforma de pensiones del Ejecutivo, que contempla aumentar la edad de jubilación.
Sin embargo, empleados del metro de París, ferrocarriles nacionales, plantas nucleares, recolectores de basura, escuelas, hospitales, controladores aéreos, aerolíneas y emisoras se sumaron para dar a conocer sus reclamos sobre contrataciones, financiamiento y condiciones generales de trabajo.
La huelga fue extendida a la espera de que el primer ministro, Édouard Philippe, revele los detalles de la reforma previsional, que podría ser tan pronto como la próxima semana.
Y es que, hasta ahora, el Elíseo no ha presentado claramente de qué se trata el proyecto. Por ello, analistas de Bloomberg consideran que las acciones tienen que ver tanto con la distancia que perciben de Macron frente a las luchas cotidianas, como con sus ideas de cambiar el complejo y costoso sistema de jubilación.
Alcance en las calles
La marcha en París empezó de forma pacífica, pero cientos de los llamados revolucionarios del "bloque negro" en la Plaza de la República incendiaron barricadas y objetos, y se enfrentaron con la policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos. También hubo enfrentamientos en Nantes, al oeste de Francia, entre la policía antidisturbios y manifestantes encapuchados.
El grupo ferroviario estatal SNCF detalló que sólo uno de cada 10 trenes estaban operativos en líneas suburbanas y de alta velocidad, mientras que los servicios internacionales -como Eurostar- se vieron interrumpidos.
Los vuelos también registraron impacto, con huelgas en Air France y de algunos controladores de tráfico aéreo.
"Hay una especie de suma de descontento y deseo de mostrar la insatisfacción con el gobierno", dijo Nicolas Bouzou, economista de la consultora Asterès, quien destacó la tradición gala de protestar en la segunda mitad de los mandatos.
El Ejecutivo, por su parte, dijo que observa los eventos "con calma", aunque hay temor de que se repita la situación de 1995, cuando el Elíseo se vio obligado a abandonar la reforma de pensiones tras semanas manifestaciones bajo la presidencia de Jacques Chirac.
"Hay margen para negociar con los sindicatos", dijo ayer la portavoz del gobierno, Sibeth Ndiaye. "Si digo que la puerta del gobierno está abierta, es porque está abierta", añadió.
Sin embargo, Philippe Martinez, jefe del sindicato CGT, dijo que no han recibido "ninguna señal" que les haga cambiar de opinión sobre la continuidad de las protestas. "Le he dicho al gobierno una y otra vez que reescriba su proyecto".
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