LyD pide rol más activo de municipios y consumidores en ley de responsabilidad del productor
Centro de estudios valora que a través del proyecto de ley se busca implementar nuevas políticas de reciclaje: “el que contamina paga”.
Por: Por Rodolfo Carrasco
Publicado: Jueves 2 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) realizó un estudio respecto del proyecto de ley marco que establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que fue enviado al Congreso por el Ejecutivo.
El análisis establece que el proyecto de ley REP representa sin duda un avance importante en materia ambiental “pues mejora la gestión de residuos al incluir una política destinada a promover la prevención, minimización, reutilización, reciclaje y recuperación energética”.
Agregan que “reconociendo las bondades del proyecto, resulta imprescindible perfeccionarlo durante su tramitación en el Congreso con el fin de promover una participación activa tanto de los municipios como de los consumidores finales, lo que permitirá viabilizar y profundizar los objetivos que se han planteado. Adicionalmente, se requiere introducir algunas precisiones que mejoren el diseño de esta política”.
Se establece que el proyecto busca generar mecanismos que permitan aumentar los niveles de reciclaje a través de la gestión de residuos e introduciendo la Responsabilidad Extendida del Productor.
“El que contamina paga”
La política que se quiere implementar es que “el que contamina paga” y así generar que el fabricante sea responsable del producto hasta que complete su vida útil. Para ello deberá cumplir metas de recolección y valorización a través de sistemas de gestión. Se incorporan además obligaciones asociadas para productores y otros actores.
Respecto de las metas de recolección y valorización de los residuos se establecerían mediante decretos supremos dictados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Para LyD “lo anterior merece un estudio acabado de la existencia y disposición de desechos sólidos por producto prioritario en consideración a que, de acuerdo a documentos del propio ministerio y la Conama, no se tiene información fidedigna en la materia por lo que en la actualidad se trabaja en base a meras estimaciones, aún bastante inexactas”.
Y agregan “así, para establecer metas que digan relación con la realidad nacional debiera realizarse un estudio serio sobre la materia incluyendo a los actores más importantes, pudiendo incluso evaluarse la posibilidad de conformar un Consejo Consultivo que defina una línea de base confiable y determine las metas por categorías y subcategorías de materiales”.
Exceso de atribuciones
En cuanto a las obligaciones asociadas, afirman que “preocupa que se le esté asignando un exceso de atribuciones al ministerio para exigir medidas específicas en materia de etiquetado, información, comunicación y prevención. En efecto, pareciera suficiente con el establecimiento de metas y la posterior fiscalización para que cada sector se organice de la mejor manera para cumplir con lo exigido”.
Por su parte, se obliga a los distribuidores y comercializadores de productos prioritarios que tengan una superficie suficiente (criterio que no está definido en el proyecto) a aceptar sin costo la entrega de residuos de productos prioritarios que comercialicen por parte de los consumidores y de entregarlos a título gratuito a los gestores. “Esta disposición es de alto costo para los distribuidores y comercializadores, que estaría obligando a disponer en forma gratuita de un espacio con elevado costo de oportunidad, y que podría significar cargas económicas adicionales derivadas de la mantención y contención del riesgo sanitario que ello conlleva (acumulación de suciedad, acopio de residuos peligrosos, etc.)”, expresan.
Discusión sobre multas
Asimismo, señalan que “las multas establecidas también deberán ser discutidas, dado que resultan bastante onerosas considerando que no existe daño directo a la salud de las personas ni al medio ambiente y que no se relacionan con la realidad económica particular de cada sector. Preocupa además cómo se aplicaría la sanción a cada integrante de un sistema colectivo que comete infracción, pues no sólo se estaría en presencia de una responsabilidad por hecho ajeno, sino que la negligencia del gestor podría incluso significar la prohibición de todos los productores asociados a vender dichos productos prioritarios, lo que parece a todas luces injustificado y excesivo”.
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