Por Francisca Garrido Prieto
Cuatro alzas ha tenido el Transantiago durante este año y si funcionara sin subsidio, el pasaje -que hoy cuesta $ 640- estaría en $ 850.
Desde sus inicios, el sistema de transporte público de la capital ha tenido serios problemas financieros: el déficit anual es de alrededor de US$ 660 millones y la evasión es de un 20%, lo que equivale a unos US$ 100 millones.
Por lo mismo, conseguir más financiamiento en el Congreso ya se ha vuelto una obligación cada año durante la tramitación del presupuesto. Al respecto, el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, es claro: “Si uno quiere un transporte de calidad necesita subsidio. Cuando las ciudades crecen, aumenta la congestión, nosotros queremos que las personas dejen el automóvil en la casa, en los horarios punta, cuando van al colegio, cuando van a estudiar o cuando van a trabajar. Para eso el servicio de transporte tiene que ser de calidad y si es de calidad, es caro y, por lo tanto, como bien social hay que aportar un subsidio. En el caso chileno, el subisidio, en comparación con los países desarrollados, todavía es bastante bajo”, afirma.
Errázuriz agrega que el sistema de transportes tiene que ser mirado como un bien público y que, por lo tanto, es hora de dejar de pensar que el Transantiago va a ganar dinero. “Absolutamente. En esto, al menos en la experiencia personal, ha habido un cambio total. Yo lo he venido diciendo y (también) todos los expertos en transporte desde hace mucho tiempo”, destaca.
Además, explica que hubo una irresponsabilidad total cuando partió el sistema, “porque se asumió que con los mismos ingresos que producían las micros amarillas, eran capaces de hacer un sistema que ambientalmente es dos veces mejor, que en número de accidentes es muchísimo mejor y que en materia de congestión, si hoy estuvieran las micros amarillas, la ciudad sería un taco de comienzo a fin. Suponer que eso se podía hacer con los mismos recursos fue una irresponsabilidad total”.
Nuevos contratos y evasión
Con el fin de mejorar la calidad y de alinear los incentivos para reducir la evasión, el gobieno logró cambiar los contratos a los operadores. Desde ahora las empresas tendrán que controlar que los pasajeros paguen al subir a los buses, ya que recibirán un 30% de ingresos fijos y un 70% variable, por traslados.
Sobre este último punto, Errázuriz descarta un alza en el costo para las personas. “Los nuevos contratos son más baratos que los antiguos, o sea, no hay un riesgo (...) Lo bueno es que ahora están fuertemente enfocados en la calidad y ése es un cambio muy grande. La discusión sobre el déficit es una discusión que tiene que ver con fondos presupuestarios. Ahí estamos muy conscientes y estamos trabajando para que el impacto en tarifas sea el menor posible. En lo que tiene que ver con el petróleo, y lo ha dicho el panel de expertos, es un costo internacional que no tenemos cómo controlar y ése sí traspasa a tarifa”, afirma.
Sin embargo, si bien ahora serán las empresas las encargadas de controlar que los pasajeros paguen, el Estado ayudará en la tarea. “Nosotros no nos vamos a olvidar del tema, vamos a seguir fiscalizando”, sentencia el ministro.
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