La difícil construcción de políticas públicas

Alberto Etchegaray

Nos cuesta conversar sobre políticas públicas. Los mensajes que diariamente están entregando respecto de las reformas los parlamentarios, autoridades y líderes gremiales evidencian esa dificultad. Algunos la achacan a la falta de confianza, otros a diferencias ideológicas. Creo que es más bien un triste sino de los tiempos. Una realidad mundial con la que tendremos que aprender a convivir y que requerirá de inteligencia.

Porque no es un fenómeno exclusivo de Chile el de las dificultades para acordar políticas públicas. En los países más desarrollados ocurre algo similar, existiendo varias materias en que se enfrentan de manera antagónica las visiones de la ciudadanía. En EEUU, por ejemplo, la discusión acerca de una materia tan compleja como el aborto tiene desde hace 20 años simétricamente dividido en dos a ese país. La última encuesta mostraba que se mantiene esa división, con un 47% declarándose pro choice y un 46% definiéndose pro life. Y es bien decidor que la manera más fácil de encasillar –y a veces caricaturizar- políticamente a un candidato al Congreso o a la Presidencia esté asociada justamente con su postura respecto al aborto.

En Europa pasa algo similar. Frente a los grandes déficits presupuestarios que enfrentan los estados de bienestar, está más álgida que nunca la discusión acerca de cuánto se tiene que involucrar Europa en la ayuda a países menos desarrollados y en dar servicios sociales a inmigrantes. Recientes estudios señalan que un 48% de los europeos cree que debe ser una prioridad de la Unión Europea y un 47% cree que no.

Por eso no es de extrañarse que en Chile tengamos a la ciudadanía dividida acerca de las principales reformas en discusión. Según la encuesta Adimark, un 50% desaprueba y un 45% aprueba la reforma a la educación. Un 48% desaprueba y un 43% aprueba la reforma tributaria. Algo similar puede ocurrir con la constitucional y la laboral. Un equilibrio que no cambiará sustancialmente, sin importar cuánto se insista en denostar al contrario o qué tanto se griten las consignas que apoyan la posición propia. Una realidad que llegó para instalarse y que obliga a ser creativos para repensar la manera en que discutimos sobre políticas públicas.

Nuestro modelo constitucional no favorece que sea el Congreso el lugar natural para hacer la reingeniería de esa discusión. Lo natural es reconocer que es la Presidencia de la República quien tiene el poder y, por lo tanto, mayor responsabilidad en pensar esa nueva manera de conversar sobre las políticas. Para eso propongo avanzar en torno a una instancia algo olvidada: las comisiones presidenciales.

Las comisiones presidenciales tienen la virtud de ser útiles en reformas complejas y poner su acento en la cuestión procedimental. Tienen la obligación de ser pluralistas en su integración, escuchando todas las opiniones, recabando información cuantitativa y cualitativa, analizándola y presentando recomendaciones que no necesariamente deben ser unánimes.

Tenemos ejemplos en Chile de Comisiones exitosas. La Comisión Rettig logró hace décadas legitimar la verdad en materia de DDHH y la Comisión Marcel se lució hace unos años presentando propuestas para reformar el sistema de pensiones. Justamente porque hay otras que no han operado de manera adecuada, es un desafío institucionalizarlas para reformas futuras. Pueden ser de gran ayuda para re encantarnos con la sana discusión de políticas públicas.