Avanzando hacia la descentralización
Jorge Vio, Líder de Gobierno y Sector Público de EY (ex Ernst & Young)
Jorge Vio
Actualmente, Chile es el país más centralizado de América Latina y de la OCDE. Ejemplo de esto es que Santiago reúne un 44% del PIB y que mientras los países más desarrollados del mundo utilizan 50% de los recursos de forma independiente -municipios, regiones, provincias-, en nuestro país sólo es un 15%. Al no estar distribuido el poder político y el manejo de recursos, gran parte de la sociedad no se siente representada y hay una crisis de confianza como la que vivimos hoy.
Por otra parte, se hace cada vez más notorio que Santiago se está convirtiendo en una ciudad al borde de la explosión, ya que gran parte de la población nacional busca oportunidades en la capital. Ante este escenario, no hay duda de la urgente necesidad de contar con una Ley de Descentralización. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está impulsando una normativa al respecto, lo cual está sin duda encaminado en el buen camino.
Uno de los aspectos más destacables de este proyecto es la elección directa de los intendentes, un elemento fundamental, al considerar que Chile es el único país de América Latina que no elige directamente a sus autoridades regionales y nadie sabe mejor sobre qué necesitan las regiones que las personas que viven en ellas.
Sin embargo, es importante recalcar que esta normativa no se debe quedar sólo en el aspecto electoral. Es de gran relevancia que se definan de forma clara las funciones de los intendentes, ya que aunque sean electos, su figura no impulsará la descentralización si no cuentan con funciones efectivas, autónomas y los recursos necesarios para impulsar el desarrollo de sus regiones. Los intendentes electos deben contar con la capacidad de negociar, de forma legítima con el gobierno central.
En la propuesta que presentó la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional al actual gobierno hay aspectos muy destacables. Algunos de ellos son la descentralización fiscal y económica –con el fin de impulsar emprendimientos locales- y medidas específicas para atraer "talentos" hacia las regiones, que impulsen su crecimiento.
En ese sentido, el proyecto presentado por el gobierno plantea crear tres nuevas divisiones en la estructura del Gobierno Regional: División de Fomento e Industria; Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transportes. A través de una gestión eficiente de esos departamentos, las regiones podrán avanzar de forma mucho más asertiva ante los problemas locales.
Una de las principales aspiraciones de Chile en los últimos 20 años ha sido convertirse en un país desarrollado. Sin embargo, alcanzar esa meta no tiene sentido si es que no abarca a toda la nación de manera equitativa, lo que se debe perseguir realmente es un desarrollo integral, donde todos se sientan representados.