“Estos hechos son graves, pero constituyen una oportunidad para reiterar que ENAP debe estar comprometida siempre con la transparencia y excelencia, como una base mínima para generar confianza en la ciudadanía sobre los estándares de su operación. La ministra Ximena Rincón me ha solicitado un informe sobre estos hechos en un plazo perentorio, mandato que cumpliré de manera rigurosa”. Concedida a Señal DF, esta es la primera declaración del presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Cristián Muga, a un medio de comunicación, tras conocerse la presunta manipulación de los datos del Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA), donde ENAP Refinería Aconcagua informó a la Superintendencia de Medio Ambiente (MMA) que sí había cumplido el Plan pese a haber excedido los índices establecidos por el regulador tanto para emisiones como para recuperación de azufre.
La alerta fue levantada por el nuevo presidente de ENAP, en la junta de accionistas del pasado 29 de abril, tras la cual la ministra de Energía, Ximena Rincón, –quien asistió como representante del Estado, al igual que su par de Hacienda, Jorge Quiroz- señaló a la prensa que el presidente de la estatal les había informado de contingencias legales ambientales que considera graves y que se estaban ejerciendo las acciones legales que corresponden.
“Como accionistas le hemos solicitado un informe que tiene que ser evacuado a la brevedad en un máximo de 15 días, sin perjuicio de las acciones legales que se estarán ejerciendo en los próximos días", Rincón aseveró que las acciones conocidas eran “graves”. Los antecedentes investigados, según comunicó la compañía, “se refieren a información y reportes correspondientes a los períodos anuales anteriores a 2025” y aclaró que “no hay antecedentes de afectación a la salud de las personas”. Además, señaló que presentó una denuncia al Ministerio Público, la que será indagada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Este hecho abrió una grieta entre la comunicación de la compañía y el nuevo presidente. A comienzos de la semana, la estatal envió un comunicado en el cual llamaba a la prudencia frente a la difusión de antecedentes, advirtiendo sobre el riesgo de generar alarma o instalar “un relato que no es real”. Este viernes al responder las preguntas formuladas por Señal DF, ya habla de “gravedad de los hechos”.
Ahora, la empresa deberá enfrentar los flancos que se le abren a nivel administrativo, directivo y gerencial, y penal; además de recuperar la confianza que había logrado reconstruir con sus mejoras en utilidades y anuncios de inversión.
Contexto previo
En 2018, cuando la crisis medioambiental en el cordón industrial de la bahía de Quintero, Concón y Puchuncaví alcanzó su punto más álgido con más de mil casos de intoxicación por gases en la zona, el Ministerio de Medio Ambiente ordenó reformular el PPDA, que data desde 1992 pero ha sufrido distintas modificaciones.
El nuevo Plan entró en vigencia en 2019 y volvió más exigentes los estándares de medición conforme avanzaron los años, con una meta de cumplimiento a cinco años, beneficiando a 106.587 habitantes, según el Censo 2024.
La nueva regulación ajustó la cantidad de emisiones de cuatro contaminantes -dióxido de azufre, material particulado, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles- con foco en tres empresas: ENAP Refinería Aconcagua, Codelco y Aes Gener. En los primeros dos años las empresas no podían emitir más que el promedio de emisión real entre 2015 y 2017; y desde el tercer año se aplicó una reducción adicional calculada sobre ese límite, para llegar a 2024 emitiendo no más que la norma primaria de calidad del aire para material particulado concentrado en 24 horas.
Pero incluso con el Plan en marcha, la Empresa lo transgredió en dos ocasiones: 2019 y 2022. En la primera, la SMA la sancionó con más de $200 millones por distintos incumplimientos y en 2022 con $322 millones por duplicar las emisiones permitidas.
" Estos hechos son graves, pero constituyen una oportunidad para reiterar que ENAP debe estar comprometida siempre con la transparencia y excelencia, (...) La ministra Ximena Rincón me ha solicitado un informe sobre estos hechos en un plazo perentorio, mandato que cumpliré de manera rigurosa" Cristián Muga, presidente de ENAP
La cronología
¿Cómo se detectaron las inconsistencias? El año pasado el entonces gerente corporativo de ENAP Refinerías, Patricio Farfán, fue desvinculado y su reemplazante fue Álvaro Hillerns, que hasta ese momento se desempeñaba como gerente de la refinería Biobío.
Hillerns revisó los distintos antecedentes de su competencia y notó que en los datos de la Refinería Aconcagua reportados a la SMA algo no calzaba. Informó a la fiscalía de la compañía y al gerente general, Julio Friedmann en enero de este año sobre el hallazgo. Friedmann habría informado del tema a la –en ese entonces- presidenta de ENAP, Gloria Maldonado. Tras pasar los días y luego de informes legales que mostraban que efectivamente había una situación de manipulación de los datos entregados a la SMA, se citó a una reunión extraordinaria de directorio (23 de enero) para informar los antecedentes recabados hasta ese minuto. ENAP declaró que dichas inconsistencias “son significativas y hay discrepancias en relación con las emisiones totales de SO2 y respecto de la eficiencia en la recuperación de azufre”.
ENAP explicó a Señal DF que en el intertanto se informó a Casa Matriz, que instruyó una serie de mecanismos internos de control y supervisión y dio curso a una reestructuración organizacional de Aconcagua. En ese proceso salieron 9 personas de la compañía, entre ellas el gerente corporativo de medioambiente, Jorge Lobato ¿quiénes son las otras 8 personas?, se desconoce. Consultada la empresa respecto a las causales del despido, no se refirieron y tampoco si las 9 personas participaron directa o indirectamente en la manipulación de las cifras entregadas a la autoridad.
En el directorio extraordinario los asistentes dispusieron la conformación de un equipo técnico a cargo de la investigación interna. El consenso en ese directorio fue no autodenunciarse, toda vez que para ese momento se conocían solo antecedentes preliminares y no estaba cuantificado el efecto en la salud de la población. Autodenunciarse, además, suponía el riesgo latente de que la refinería fuera cerrada temporalmente mientras se recabara la información necesaria.
El 24 de febrero hubo otro directorio para conocer los avances de la investigación en el cual tampoco se entregaron antecedentes avanzados de investigación, pese a que algunos directores –dentro de los cuales se señala a Rodrigo Azócar-, insistieron en que se debía ser más diligentes en la entrega de información porque era necesario tener claridad para tomar medidas.
Ante ello, el 9 de marzo se convocó a una sesión extraordinaria para abordar los informes preliminares de los equipos que asesoraron a nivel interno y externo. Consultados por Señal DF, ENAP señaló que la decisión de presentar la denuncia al Ministerio Público y entregar los antecedentes a la SMA se tomó en el directorio del 28 de abril. Recordemos que este directorio ya fue liderado por el nuevo presidente de la estatal, el abogado penalista Cristián Muga.
El 29 de abril, en la junta de accionistas, se informó a los ministros Rincón y Quiroz respecto de los hechos y las acciones tomadas, instancia en la que las autoridades se mostraron preocupados por la gravedad de lo sucedido. El 29, también se formalizó la denuncia en la Fiscalía Regional de Valparaíso y la SMA los ofició, con un plazo de 10 días.
La preocupación fue manifiesta no solo por los ministros, sino también por algunos de los miembros del directorio, pues el mayor riesgo reputacional para ENAP se relaciona a materias medioambientales. A eso se suma que en la estructura de la empresa existe un Comité de Sostenibilidad, el cual es presidido por el director laboral Nolberto Díaz y en el cual participaban la presidenta Gloria Maldonado, el vicepresidente Andrés Rebolledo y la directora Ximena Corbo.
El punto es que este comité a partir de 2024 dejó de supervisar el cumplimiento del PPDA tras la puesta en marcha del Wet Gas Scrubber (WGS), una torre de lavado de gases que se instaló en la refinería en 2023 y que funciona como filtro de los contaminantes. Lo que trascendió es que la decisión se tomó a petición del gerente de medioambiente Jorge Lobato, porque con la puesta en marcha del WGS se estaba cumpliendo con el PPDA. La propuesta fue aceptada por el comité sacándose de tabla la revisión de la materia en los comités que siguieron en adelante.
Por ahora, no está claro por qué el comité dejó de monitorear el cumplimiento del PPDA, dado que se trata del mayor riesgo medioambiental de la compañía, y destacado en su matriz de riesgo. Tampoco se ha aclarado si los años investigados corresponden solo a 2024 o también a 2023; las causas exactas de por qué salieron estas 9 personas de la refinería y cuál era su nivel de involucramiento con lo sucedido.
Millonarias sanciones
La próxima semana la Superintendencia de Medio Ambiente debe recibir la información que requirió a ENAP para evaluar las acciones a seguir. “Mientras dure la presente investigación, todos los antecedentes recabados se mantienen bajo reserva, con el fin de resguardar la eficacia de la investigación y no afectar el resultado del proceso”, comentaron desde la institución a Señal DF.
De igual forma, indicaron que “la SMA se encuentra en fase de investigación, lo cual tiene en consideración el requerimiento de información realizado por la División de Fiscalización. Una vez analizada toda la información disponible, se tomarán las acciones que la ley ha establecido para este tipo de casos, dentro de lo cual pudieran formularse cargos”. Este proceso no tiene un plazo definido, aclararon también, debido a que en el transcurso se podrían solicitar nuevos antecedentes o el titular -ENAP- podría requerir una ampliación del plazo de entrega.
La empresa arriesga multas de entre 5.000 y 10.000 UTA -entre $ 4.000 millones y $8.000 millones-, una clausura temporal o definitiva de la Refinería Aconcagua y una revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, dependiendo si la infracción es grave o gravísima. Para ponderar la sanción, además, el regulador considera el beneficio económico obtenido de la infracción, la intencionalidad en su comisión, el eventual daño a la salud y la conducta anterior del infractor, entre otros factores.
Por último, la SMA aclaró que “la responsabilidad de entregar información fidedigna corresponde a los titulares. (...) El deber de esta Superintendencia es chequear la veracidad e integridad de dicha información. La SMA permanentemente en este ámbito, así como en todos los ámbitos de su actuar, establece mecanismos de revisión y control sistemáticos respecto de la veracidad e integridad de la información”.
La arista penal
Otro frente que se configura es por la nueva ley de delitos económicos que contempla los delitos medioambientales y sanciona a personas naturales y jurídicas por infracciones a la norma. El abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, explica que “para considerar que un delito medioambiental es, a su vez, económico, este debe haber sido cometido por una persona ejerciendo un cargo dentro de la empresa o a beneficio de ella. Y yo diría que es difícil considerar que este no es el caso”.
En esa línea, precisa que tanto los miembros del directorio y el gerente general, así como la persona jurídica ENAP, arriesgan sanciones incluso de cárcel en el caso de los directores, pero diferenciadas por su grado de responsabilidad. “Cada uno responde por lo que hizo, pero primero se tiene que acreditar que se es penalmente responsable”, acota.
Winter indica que en este caso se deben distinguir los eventuales delitos que se hayan cometido ya sea por acción u omisión. “Cuando uno actúa por acción, es decir, da la instrucción y otorga elementos para que se haga algo, entonces se aplica una agravante. Pero, si uno actuó por omisión solamente, es decir, una vez que se enteró, no evitó que el hecho siguiera sucediendo, en ese caso, si son condenados, se aplica una atenuante y es posible que tengan una pena sustitutiva”, profundiza.
Respecto de la responsabilidad de la empresa, al ser ENAP una firma estatal, la ley indica que no es posible extinguir su personalidad jurídica. Sin embargo, la norma sí contempla la aplicación de multas que pueden variar dependiendo del grado de afectación al medioambiente y/o salud de las personas; junto con la imposición de una supervigilancia, es decir, una persona al interior de la compañía que supervise que los procesos se lleven a cabo correctamente.
Si llegaran a establecerse sanciones en este caso, no aplicarían solo a ENAP, sino también a ERSA, la filial encargada de las refinerías. “La ley establece una norma y dice que en aquellos casos que entendamos que hay una dependencia operativa entre dos empresas, se puede sancionar también a una empresa de aguas arriba. Se podría sancionar a ambas pero hay que demostrar que funcionaban de manera integrada”, explica Winter.
Entendidos señalan que en este caso también se podría configurar el delito de falsificación de instrumento público, que es un delito económico, además del delito ambiental de contaminación, donde existe una agravante. El artículo 306 del código penal, incorporado con esta nueva ley, fundamenta para que se configure el delito de contaminación haber contado con dos sanciones administrativas, en al menos dos procedimientos distintos, en los últimos dos años relacionados a la misma unidad. ENAP Refinerías fue sancionada en 2019 y 2022.
De todas formas, como la ley de delitos económicos para las empresas entró en vigencia en septiembre de 2024, todavía no está claro si los hechos ocurrieron dentro del período y si como tal puede ser juzgada la persona jurídica.
La responsabilidad del directorio y gerencia general
Otros de los temas que deberá enfrentar ENAP es qué sucederá en su gobernanza. Hoy se siente una clara división sobre cómo se enfrentó el problema entre quienes representan a la nueva administración en el directorio respecto de la gerencia.
Si bien en enero se tomó la decisión de hacer mayores auditorías, fuentes vinculadas al caso advierten que no se hicieron esfuerzos más intensos por la cúpula de la mesas liderada por Gloria Maldonado, pese a que un par de directores insistieron que se debía actuar con mayor celeridad.
Según trascendió, el hecho de que el tema se destapara en enero y pasaran tres meses para tomar una resolución –independiente de los despidos-, logrando recién en el directorio del 28 de abril llegar a acuerdo para que se interpusieran acciones sobre antecedentes que estuvieron disponibles mucho antes, es un tema que preocupa al accionista.
Por eso lo que se vendría ahora en ENAP es la toma de decisiones y medidas de parte del accionista, las cuales podrían considerar la remoción de parte del directorio por incumplir su deber fiduciario.
La ley que rige a la estatal no tiene claramente descrito un procedimiento para la remoción de un director nombrado por ADP o del director laboral, a diferencia de Codelco que sí lo tiene.
Por tanto, si el accionista decide hacerlo tiene dos vías. La primera es la política, es decir, la ministra de Energía tendría que solicitar al director o directorio en general la renuncia voluntaria. La segunda es seguir la vía legal. En este caso el Ministerio de Energía debe iniciar un proceso de remoción que concluye con un decreto de destitución.
Ahora, ¿qué pasará en el caso de que se quiera remover al gerente general? Al ser este cargo elegido por el directorio, es éste el llamado a destituirlo.
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