Crisis en la salud: del error de la Corte a una solución seria

Han pasado casi dos meses desde el fallo interpretativo de la Corte Suprema respecto de la aplicabilidad de la tabla de factores en el sistema de aseguramiento privado en salud, que al no tomar en consideración las consecuencias sistémicas de su aplicación, tiene hoy al borde de una crisis sin precedentes al sistema de salud. La falta de experiencia técnica de la Corte puso al Gobierno en una encrucijada sobre cómo aplicarlo, dada sus implicancias sobre el ecosistema sanitario.

Primero, la sentencia -en la práctica- desconoce por completo cómo funciona la estructura tarifaria de la industria. En simple, los seguros de salud se componen de un precio base fijo multiplicado por un factor de riesgo (la tabla) variable según el perfil de cada persona. Los jueces obligan a las Isapres a recalcular el precio de todos los contratos en base a una tabla más plana, pero no se hacen cargo de que para mantener la ecuación equilibrada, esto requiere aumentar el precio base si queremos mantener las mismas coberturas de salud.

Segundo, la Corte obliga a devolver los excedentes cobrados sólo cuando perjudica al afiliado, lo que es arbitrario y asimétrico. Si alguien pagó “de menos” simplemente es absuelto. La industria estima que la aplicación del fallo tendrá un costo entre US$ 200 y US$ 300 millones anuales, y de US$ 1.000 millones por su efecto retroactivo.

Tercero, la Corte obliga a no cobrar a los menores de dos años, argumentando que están cubiertos por el GES (al igual que todo el resto de los afiliados), desconociendo el uso de prestaciones No GES. No contentos con eso, para ser más incongruentes, los mismos jueces validan el uso de la tabla de factores que establece un factor de riesgo de 0,6 -no de cero- para los menores de dos años. Esta arbitrariedad tiene un costo estimado de otros US$ 50 millones anuales según la Asociación de Isapres.

La Corte Suprema con esta sentencia simplemente generó que el pilar privado de la seguridad social en salud sea financieramente inviable. Una cosa era eliminar a las Isapres, pero parece que nunca miraron las consecuencias sistémicas y que aún los poderes del Estado parecen no sopesar.

Por una parte, 3,2 millones de beneficiarios se quedarían sin seguro de salud: ¿seguros complementarios? Claro, pero son una opción para el grupo de ingresos más altos y -más importante- sanos y sin preexistencias. Entonces “los pasamos a Fonasa”, dice el Gobierno, y maravillosamente, manteniendo las coberturas. Ello no sólo es discriminatorio para los que hoy están en Fonasa, sino que requerirá de recursos fiscales adicionales para suplir los gastos sobre el 7% de la cotización, en especial por el pago de licencias médicas del grupo más rico de la población. Seamos realistas: si el sistema nacional de salud no entrega las garantías para resolver los problemas de acceso y oportunidad de sus afiliados, es imposible lo haga con tres millones de afiliados más.

Por el lado del prestador privado, la caída de las Isapres desencadenaría un desplome de centros médicos pequeños y regionales que dependen de la clase media, que hoy está en Isapre y no podrá solventar un seguro privado. Consecuencia de lo anterior, los 7 millones de beneficiarios de Fonasa que se atienten en el sector privado también se verán perjudicados. Las listas de espera sólo aumentarían y las consecuencias sanitarias serían desastrosas.

Hoy urge conocer como el Gobierno va a reaccionar frente a la crisis generada por la Corte, pues está en juego el futuro de la salud de millones de personas, no de los dueños de las Isapres. Por la vía administrativa y legislativa habrá que permitir ajustar los precios base por una vez, de modo de reconocer se trasgredió la forma en que funciona la industria. Esta es una solución que puede irritar a muchos, pero su contrapartida es el colapso de la seguridad social en salud.