Destino energético de Chile

Como es sabido, el gobierno ha nombrado un quinto ministro de Energía en poco más de dos años de mandato. Esta situación profundiza aún más la confusión en un área estratégica para el desarrollo de Chile y el inestable destino de las inversiones energéticas que urgentemente son requeridas por el país.



Es necesario comenzar señalando que no puede ser tranquilizador, para ningún agente económico o social, que en una cartera cada vez más relevante cambien permanentemente los ministros a cargo de ella. Ninguna política pública puede ser ejecutada si quién la debe coordinar, negociar e implementar, cambia del modo en que lo han sido los titulares de la cartera de energía en estos últimos dos años. Nuestro país requiere, con urgencia, la implementación de políticas que faciliten su desarrollo energético, para ello el liderazgo es esencial y éste se consigue si las personas nombradas en los cargos de confianza exclusiva -como son los ministros de Estado- se mantienen en sus funciones por el tiempo adecuado e indispensable a esa finalidad.

Debe llamar la atención que el país lleve un tiempo más que prolongado bajo las normas y restricciones que imponen los decretos de racionamiento. Es cierto que llevamos varios meses severamente golpeados por una sequía muy profunda, la que afecta especialmente a la zona central y con ello, al parque generador hidráulico del sistema eléctrico que la abastece. Esa realidad que es negativa, no obstante, se profundiza si se constata que no ha existido, en los últimos dos años, ninguna puesta en servicio de proyectos eléctricos relevantes que permitan en alguna medida sortear los efectos de recurrentes sequías. La ausencia de inversiones, o mejor dicho, la dificultad extrema para su materialización exige liderazgo de la máxima autoridad y permanencia de las autoridades sectoriales, pues de otro modo es imposible que esas inversiones se concreten. 
Pero además, y más preocupante aún, es la intervención de los tribunales de justicia para paralizar la materialización de proyectos eléctricos de gran importancia por su tamaño y, sin duda, necesarios para abastecer una demanda de energía que crece sostenidamente en el tiempo, aún mucho más que el producto del país. Hace poco se ha conocido que la Corte Suprema ha declarado ilegal el proceso de aprobación de un importante parque eólico que pretendía instalarse en Chiloé. La misma Corte rechazó recursos contra Hidroaysén y se encuentran para ser decididos por ese mismo tribunal los destinos de los proyectos de Energía Austral y de Castilla, o sea, muchos, varios miles de megawatts que, de ingresar al sistema eléctrico central, permitirían ir resolviendo nuestra dramática situación de sostenida escasez de energía.

No afirmo que los tribunales no deban intervenir, pues a ello los mandata la Constitución. Pero lo que no debe ocurrir es que la suerte definitiva de proyectos de inversión energética tan necesarios quede entregados a la decisión judicial dictada en procedimientos cautelares de urgencia, como es la que resuelve un recurso o acción de protección.