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Alto contrasteEl veto que profundiza la incertidumbre en la gestión del agua
MARTÍN VIAL Asociado Senior de Barros & Errázuriz
Tras un extenso debate legislativo, el pasado 15 de mayo gran expectación generó la aprobación en el Congreso del proyecto de ley Boletín 17322-03, una de las iniciativas emblemáticas del Ejecutivo para abordar el fenómeno de la permisología. Este proyecto busca modificar más de 30 cuerpos normativos con el objetivo de simplificar diversos trámites ante las autoridades gubernamentales y, de este modo, fomentar una mayor inversión en el país. Sin embargo, cuando se esperaba su pronta promulgación, el pasado 2 de junio el Presidente de la República presentó un veto presidencial con el fin de suprimir disposiciones destinadas a modificar el Código de Aguas, lo que causó gran sorpresa en distintos sectores vinculados al uso de los recursos hídricos.
“La decisión del Presidente Boric, más allá de sus fundamentos, genera frustración en un contexto donde la gestión del agua requiere más agilidad, no menos”.
En este contexto, uno de los cambios más relevantes e innovadores que introducía este proyecto era la facultad otorgada a la Dirección General de Aguas (DGA) para autorizar, de manera transitoria y con la aprobación previa de la respectiva Junta de Vigilancia o Comunidad de Aguas Subterráneas, los cambios de punto de captación y los traslados del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas. Esta autorización temporal permitiría a los titulares comenzar a utilizar sus derechos mientras se resuelva la solicitud definitiva, contribuyendo así a superar una de las principales dificultades que enfrentan en la actualidad.
Hoy en día, debido a la ineficiencia y la falta de recursos de la DGA, quienes solicitan el cambio de sus derechos deben esperar varios años para obtener una resolución definitiva. En casos extremos, la tramitación de estas solicitudes ha llegado a demorar más de cuatro años. Durante este período, los solicitantes no pueden utilizar de manera efectiva el recurso hídrico, pero siguen obligados a pagar patentes por no uso y enfrentan, además, el riesgo de perder sus derechos por esta misma causa. Esta situación constituye un contrasentido jurídico y administrativo que afecta transversalmente a cientos de usuarios, desde pequeños agricultores hasta grandes inversionistas, con impactos directos en la competitividad de proyectos agrícolas, industriales y de infraestructura hídrica.
Este mecanismo de autorizaciones provisionales no buscaba eludir la regulación ni debilitar el control del Estado sobre el recurso hídrico, sino ofrecer una herramienta razonable para mitigar los efectos de la excesiva lentitud de los trámites llevados adelante ante la DGA. Por ello, muchos veían esta disposición como un avance muy necesario.
Asimismo, esta innovación no representaba una amenaza para la sustentabilidad de la cuenca -como se ha sostenido-, ya que se encomendaba a la DGA la dictación de una resolución que estableciera las condiciones para el otorgamiento de estas autorizaciones transitorias, considerando especialmente la situación hidrológica o hidrogeológica de cada cuenca o región.
De esta manera, el reciente veto presidencial ha venido a suprimir esta facultad, interrumpiendo una reforma que apuntaba precisamente a aliviar uno de los cuellos de botella más relevantes en la gestión del recurso. La decisión del Presidente, más allá de sus fundamentos, genera frustración en un contexto donde la gestión del agua requiere más agilidad, no menos.
Más allá de la coyuntura actual, hago un llamado a que este Gobierno -o el que le suceda- aborde la verdadera raíz del problema: es imprescindible dotar a la DGA de los recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos necesarios para tramitar este tipo de solicitudes de manera más eficiente. No podemos seguir dependiendo de soluciones transitorias mientras persistan las deficiencias estructurales que afectan la gestión del agua. Postergar las soluciones solo agravará los problemas. Abordar estas deficiencias es esencial para reducir la actual incertidumbre regulatoria y dar señales claras al mercado sobre la voluntad de modernizar la gestión pública en un ámbito tan estratégico como el del agua.
