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Alto contraste
Fernanda García
Hay palabras que no vuelven inocentes al debate público y “mamarracho” es una de ellas. En Chile se popularizó durante el primer proceso constitucional para nombrar, con la rudeza del lenguaje común, una propuesta que no fue rechazada por una elite atrincherada, sino por una mayoría ciudadana transversal. El texto que eliminaba el Senado, debilitaba contrapesos y coqueteaba con la ilusión refundacional de una asamblea con poder originario. Ese fue el mamarracho que Chile conoció.
Por eso resulta llamativo -y algo más que llamativo- que Jaime Bassa haya usado ahora la misma expresión para referirse al proyecto de reconstrucción nacional. No porque sea intocable. Puede ser criticado en su mérito, impacto fiscal, técnica legislativa, prioridades o efectos distributivos. Debe ser sometido a escrutinio severo. Pero una cosa es discutir una iniciativa ingresada por mensaje presidencial, tramitada por comisiones competentes, aprobada por la Cámara y expuesta al riguroso control político y constitucional de una democracia; y otra es equipararla, por comodidad retórica, con el experimento constitucional que el país rechazó en 2022.
“Se puede advertir sobre riesgos fiscales, distributivos o institucionales. Pero llamar “mamarracho” a todo lo que no coincide con la propia agenda no es control constitucional: es mala memoria disfrazada de superioridad técnica”.
La regla de las ideas matrices no es una consigna para cerrar el debate cuando no gustan sus contenidos. Menos aún puede leerse como un mandato absurdo que implique que toda política pública compleja sea, por definición, inconstitucional. Se trata en realidad de una regla de congruencia legislativa: exige que adiciones y correcciones guarden relación directa con el proyecto. Puede discutirse si esta reforma satisface ese estándar. Lo que no puede hacerse, al menos no con honestidad intelectual, es convertir una objeción técnica en una descalificación gruesa desde la memoria del mamarracho original.
Porque ese texto de propuesta constitucional no fue un accidente anónimo. Fue el resultado de una conducción política, jurídica y académica concreta. En una Convención atravesada por activismo, performances y episodios como el de Rojas Vade, la responsabilidad mayor no podía recaer solo en sus figuras más pintorescas. Recaía en quienes tenían formación jurídica, oficio académico y deber profesional de ordenar el entusiasmo refundacional dentro de los límites del derecho. Bassa, como vicepresidente de la Convención, y Atria, como ideólogo jurídico influyente, no eran espectadores.
Por eso la escena actual tiene algo de impudicia. Quien no logró —o no quiso— elevar el estándar jurídico de una propuesta ampliamente rechazada, hoy pretende endosar el nombre de su fracaso a una reforma que avanza por cauces institucionales ordinarios. Se puede votar en contra. Se puede recurrir al Tribunal Constitucional. Se puede advertir sobre riesgos fiscales, distributivos o institucionales. Pero llamar “mamarracho” a todo aquello que no coincide con la propia agenda no es control constitucional: es mala memoria disfrazada de superioridad técnica.
La deliberación pública no exige unanimidad, pero sí decencia intelectual. Chile, en particular, necesita parlamentarios capaces de oponerse con argumentos, no de reciclar insultos, sobre todo cuando esos insultos fueron acuñados por la propia ciudadanía para describir una experiencia en la que esos mismos parlamentarios fueron protagonistas. No es una cuestión de biografía personal, sino de estándar institucional. Cuando se ha contribuido a instalar ciertas palabras dolorosas en la memoria pública, su uso exige algo más de pudor, de autocrítica y de precisión.
