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Alto contrasteEl enésimo escándalo de corrupción
GABRIELA CLIVIO Economista, Socia Vios Consulting
Gabriela Clivio
Al realizar un racconto de los muchos escándalos de corrupción que se han sucedido durante este Gobierno, uno de los primeros que se me viene a la memoria es el caso Convenios. Este fue revelado en junio de 2023, a través del reportaje de un medio digital que informó sobre los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática. Dicha fundación había recibido traspasos directos de fondos públicos sin la debida fiscalización de la Contraloría, debido a la fragmentación de los montos involucrados.
La investigación de este caso de corrupción alcanzó a más de 50 fundaciones, en 11 regiones, y el monto defraudado se estimó en $ 14 mil millones o US$ 16,4 millones. Entre las entidades favorecidas se encontraban -la ahora nuevamente notoria- ProCultura y Urbanismo Social. Como resultado de la investigación, varias autoridades, incluido el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dejaron sus cargos, mientras que la diputada Catalina Pérez fue desaforada, aunque sigue recibiendo su dieta parlamentaria.
“Es difícil dimensionar el impacto en la confianza tributaria y en la imagen de las instituciones tras el último de los escándalos”.
El elefante en la habitación era la falta de transparencia en la asignación de fondos públicos, lo que debe ser intransable, tratándose de recursos de todos los chilenos. En ese entonces, la Contraloría mencionó la “evidente debilidad institucional” y “la alta discrecionalidad en la asignación de financiamiento por parte de organismos regionales” y como consecuencia del caso Convenios se propusieron reformas para fortalecer los mecanismos de control y evitar nuevas irregularidades.
A la luz de los hechos, estas medidas parecen no ser suficientes. En abril de este año, fue el turno del escándalo de la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi, quien intentó celebrar un contrato con el Estado, pese a que está prohibido para los parlamentarios, de acuerdo con la normativa vigente.
Mayo ha sido, además, un mes prolífico en escándalos. Junto al caso ProCultura, nos enteramos de la investigación sobre licencias médicas fraudulentas en el sector público. Así, la Contraloría reveló que entre 2023 y 2024, cerca de 25.000 funcionarios fiscales viajaron fuera de Chile mientras se encontraban en período de reposo. Se emitieron 35.585 licencias médicas, que permitieron 59.575 entradas o salidas del país; el 69% de estas fueron otorgadas por Fonasa. Los viajes al extranjero se concentraron en septiembre y diciembre y la duración promedio de las licencias fue de 17 días. Más allá de que este tipo de licencias falsas genera pérdidas fiscales millonarias, este último escándalo ha provocado un cuestionamiento muy fuerte hacia la ética de los funcionarios públicos. Finalmente, ha comenzado a reclamarse por la eficiencia del control estatal en un escenario fiscal complicado. Es difícil dimensionar el impacto que tendrá este último escándalo en la confianza tributaria y en la imagen de las instituciones.
