La foto de fin de año
CLAUDIO GONZÁLEZ I. Director académico programas UEjecutivos, FEN U. Chile, Economista GH Capital Invest
En una de mis columnas de noviembre hacía la siguiente pregunta: ¿a quién se le puede ocurrir que presentando incertezas en la generación de ingresos se podrá establecer un espacio en el que se pueda negociar un presupuesto? La poca eficacia de la estimación quedó en evidencia en el último reporte de Finanzas Públicas.
La discusión sobre el Presupuesto 2026 pasó, pero la preocupación sigue y se acrecienta: el desbalance fiscal 2025 fue tres veces lo estimado, respecto de cuando se diseñó y ahora se ha evidenciado que había en caja a fin del año pasado US$ 4.098 milllones, pero que el 90% de esos recursos se consumirían en el primer trimestre. Y lo que es peor, una proporción mayor de esos recursos fue obtenido con deuda.
“Tenemos dos opciones: existió irresponsabilidad e ineficiencia en la ejecución presupuestaria del Gobierno anterior; o hubo una guía ideológica que llevó a la maquinaria presupuestaria a gastar sin freno frente a la menor recaudación”.
El exministro de Hacienda Nicolás Grau ha intentado serpentear medio cantinfleramente una verdad que se debe reconocer: los recursos que finalizaron el año pasado en caja no eran activos, sino deuda y, por tanto, el nuevo Gobierno no tendría esa disponibilidad, porque tenían un uso específico a ser gastado antes de que la nueva administración ingresara en funciones.
¿Por qué hizo esto la administración anterior? Tenemos dos opciones: la primera es que existió una irresponsabilidad e ineficiencia evidente en la ejecución presupuestaria, que se manifestó en una concreción de gastos no controlados y desalineados con la obtención de ingresos; la segunda es que existió una guía ideológica que llevó a la maquinaria presupuestaria del anterior Ejecutivo a gastar sin freno frente a la realidad de la menor recaudación.
¿Cuál de ambas posibilidades es la que ocurrió? ¿O fue una combinación de ambas? Al considerar cuánto incidió el gasto en personal respecto de los ingresos tributarios en base anualizada de cuatro trimestres consecutivos -desde diciembre 2022 hasta septiembre 2025-, el alza fue de 6,4% (US$ 4.275 millones). Si a esto sumamos la mayor incidencia de los bienes y servicios de consumo respecto a los ingresos tributarios, se deben sumar US$ 1.800 millones, con lo que llegamos a que el gasto total en ambos ítemes fue de US$ 6.077 millones, lo que equivale a 1,73% del PIB.
Grau ha salido a explicar los resultados de manera poco feliz, cuando la evidencia muestra que mucho de este mayor gasto fue hecho en ítemes como contrataciones y bienes consumibles, más allá de lo recomendable, que pudieron evitarse. Sumando la incidencia de los gastos de personal y bienes de consumibles notamos que alcanzó más de 50% de los ingresos tributarios a septiembre 2025 (41,4% en diciembre 2022). En mi experiencia, cuando este número sobrepasa el 40% ya es señal de que hay que gestionar los gastos.
Si me preguntan qué originó este gran desbalance me atrevo a pensar que hay más de la segunda hipótesis que de la primera. Pero todo esto es ya leche derramada. Lo que es claro es que hay US$ 6.000 millones que pueden recortarse y aún así, permitirían seguir manteniendo un peso relativo del aparato del Estado, que cumpliría perfectamente con proveer las prestaciones y servicios a la población.
Curioso. Justamente, US$ 6.000 millones.
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