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Alto contrasteLas corporaciones y su secreta toma del control
Joseph E. Stiglitz Premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia
Joseph E. Stiglitz
Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados "acuerdos de libre comercio"; en los hechos, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EEUU y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales tratos se denominan como "asociaciones"; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EEUU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los "socios" de Estados Unidos están cada vez más obstinados.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intención de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de Estados Unidos. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto, que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EEUU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de cigarrillos.
El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque dichos gobiernos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada "expropiaciones regulatorias". Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales judiciales como en el Congreso de Estados Unidos.
Es fundamental que el sistema de gobierno de Estados Unidos cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, no-transparente, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser "jueces" en un caso y defensores en un caso relacionado.
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