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Columnistas

Ley de Insolvencia y Reemprendimiento

Jorge Awad

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2014 a las 05:00 hrs.

Jorge Awad

A pocas semanas de la entrada en vigor de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, más conocida como la nueva ley de quiebras, se han escuchado versiones respecto de una eventual preocupación por los efectos de esta norma.

Como Asociación de Bancos nos parece apresurado evaluar los efectos de una ley a menos de dos meses de su entrada en vigencia, considerando que los procedimientos iniciados hasta ahora no han concluido. Sin perjuicio de lo anterior, hemos percibido algunos inconvenientes derivados, por ejemplo, de la inexistencia de un sistema de información de obligaciones económicas.

La banca, a través de su asociación gremial, se encuentra trabajando con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en la identificación de los perfeccionamientos necesarios para la aplicación de la ley.
Este trabajo coordinado con la Superintendencia no es reciente. Comenzó en la etapa de redacción del proyecto de ley y continuó durante su tramitación legislativa. A través de la conformación de una mesa de trabajo, se analizaron y evaluaron las distintas normas, su redacción, legalidad y efectos. La referida instancia de trabajo conjunto, permitió entregar nuestros puntos de vista para su consideración por parte de las autoridades competentes.

Nuestros aportes en dicha mesa de trabajo significaron, entre otras cosas, perfeccionar el tratamiento de los acreedores garantizados en los procedimientos concursales. Tal como se ha señalado, tanto los principios de la OCDE como del Banco Mundial, entienden que el equilibrio de todo mercado crediticio se sostiene en la protección que la normativa del país particular le entregue a las garantías y a sus acreedores.

No podemos desconocer que esta ley trae muchos cambios para los sistemas de cobranza y evaluación de créditos, cambios a los que debemos estar atentos, implementando los sistemas y resguardos necesarios para que la nueva normativa impacte en forma positiva a la ciudadanía.

Lamentablemente, siempre existirán deudores que intentarán apartarse de los objetivos que persigue la ley. Sin embargo, la ley consagra los resguardos necesarios para hacer frente a ello, regulando -por ejemplo- acciones revocatorias, que permitirán traer de vuelta al patrimonio del deudor aquellos bienes que se hubieren enajenado antes del inicio de un procedimiento concursal, perjudicando a los acreedores. También se establecen delitos concursales que permiten castigar, incluso con penas de cárcel, a quienes burlen el sistema.

Es nuestra obligación como acreedores no pasar por alto aquellos casos en que estimemos que un deudor intenta apartarse de los principios en que se funda la ley. En algunos casos, tratándose de montos menores, algunos acreedores no ejercen las acciones que contempla la ley, incentivando un mal uso del sistema. La banca ejercerá sus derechos dentro del ámbito de la ley y del ejercicio jurisdiccional, ya que ese es el lugar propicio para hacer valer nuestras preocupaciones.

Además, estamos ciertos que la Superintendencia, en el ejercicio de su potestad normativa, impartirá las instrucciones que sean necesarias para que sus fiscalizados, que intervienen en los distintos procedimientos que contempla la ley, sean rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones, de manera tal de no perjudicar a los acreedores ni a los deudores y, con ello, los principios inspiradores de la ley.

Coherente con lo expuesto, estimamos indispensable darle una oportunidad a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Como banca, estaremos atentos a su implementación, a cómo responden los deudores, los acreedores, los organismos intervinientes, el mercado y el regulador, a quien hacemos presente nuestra permanente disposición para continuar cooperando en la identificación de los perfeccionamientos que requiera la correcta implementación de la ley.

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