Mantener la deuda bajo control: una responsabilidad ineludible en un contexto global de incertidumbre
JAVIERA MARTÍNEZ F. Directora de Presupuestos
La deuda de los países de la OCDE supera en promedio el 110% del Producto, y en seis de las siete mayores economías del grupo está sobre el 100% de su PIB. En Chile, la deuda bruta aumentó prácticamente un tercio del PIB en menos de 15 años: pasó de 3,9% en 2007 a 36,4% en 2021.
Uno de los hitos fiscales del Gobierno ha sido incorporar, en 2022 mediante Decreto Presidencial, un ancla de deuda pública bruta de mediano plazo en la regla fiscal. Durante las dos últimas décadas, esta regla se basó en metas de balance estructural, un pilar de nuestra política fiscal, pero no suficiente para contener el alza de la deuda. Lo que comenzó como voluntad de esta administración será norma para las que vendrán, ya que la regla dual se consagró a nivel legal en 2024.
“¿Por qué es importante que la deuda pública se mantenga bajo control? Porque niveles elevados limitan la capacidad del Estado para responder a futuras crisis, aumentan el riesgo soberano y generan muy altos costos en intereses”.
¿Por qué es importante que la deuda pública se mantenga bajo control? Porque niveles elevados de ésta limitan la capacidad del Estado para responder a futuras crisis, aumentan el riesgo soberano y generan muy altos costos en intereses.
Esto último ocupa espacio que podría destinarse a otras urgencias: en Chile el gasto en intereses rondó los US$ 4 mil millones en 2024, triplicándose desde 2010. Para dimensionar este valor, equivale a un año del Ministerio de Obras Públicas, o a más que todo el sistema de atención primaria en Salud.
Si bien no existe una fórmula única para definir el umbral prudente de deuda, usando diferentes metodologías como Ministerio de Hacienda lo establecimos en 45% del PIB. Así, esta nueva regla dual ayudará a que el balance estructural permita estabilizar el indicador por debajo de límite.
Durante la actual gestión se ha desacelerado el crecimiento de la deuda pública, rompiendo la tendencia de los últimos 15 años. En 2024 cerró en 41,7% del PIB y durante esta administración crecerá en menos de un quinto de lo observado entre 2012 y 2022, por debajo de todas las proyecciones que hizo el CFA en 2021.
Quebrar esta tendencia ha permitido ahorrar al menos US$ 1.500 millones cada año en pago de intereses, recursos equivalentes a un Ministerio de Desarrollo Social completo, que se han redestinado a prioridades como seguridad pública, social y económica.
Hacia adelante, todas las estimaciones contemplan que el indicador se mantendrá por debajo del 45% del PIB. Incluso, de implementarse las medidas propuestas por el Ejecutivo para generar mayor espacio fiscal, Chile podría estabilizar su deuda en torno al 40% del PIB hacia 2029. Esto requerirá disciplina fiscal, una adecuada mirada sobre presiones y riesgos de mediano plazo, y mantener la idea básica de que gastos permanentes se financian con ingresos permanentes.
La sostenibilidad fiscal no es una meta abstracta. Su impacto es concreto en la vida de las personas: se traduce en mayor estabilidad económica, más espacio para invertir en áreas prioritarias y capacidad de enfrentar los desafíos futuros.
En un contexto global de incertidumbre, mantener la deuda bajo control es una responsabilidad ineludible, camino que ha tomado Chile y que seguiremos consolidando.