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Alto contrasteÁlvaro Clarke
El tema de las concesiones de los hospitales públicos ha estado en el centro del debate durante las últimas semanas debido a la férrea oposición de algunos funcionarios de la salud al modelo de colaboración público-privada. La actitud -protestas, paros- de los trabajadores que se desempeñan en los hospitales Sótero del Río y Salvador-Infante dejó de manifiesto que dicho colectivo visualiza esta iniciativa como una amenaza.
Esta polémica ha puesto en tela de juicio un modelo claramente exitoso, que elevó sustancialmente las inversiones en diversas áreas y ayudó a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Las razones que se aducen para cuestionarlo -por ejemplo, que se lucra con la salud pública- no parecen razonables desde una perspectiva técnica, ya que esos contratos han sido fruto de licitaciones competitivas asignados al mejor de los postores desde una perspectiva económica y social, de modo que parecen críticas más bien ideológicas, sin aportar mayores fundamentos que logren desvirtuar las ventajas de un sistema que ha demostrado ser de alto beneficio para el desarrollo de Chile.
Basta recordar el progreso que significó la adopción del modelo de concesiones durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Con Ricardo Lagos como ministro de Obras Públicas, en aquella época se comenzó un proceso que dejó en manos privadas la construcción de nuevas carreteras de alto estandar, puertos y aeropuertos, los cuales cambiaron la faz del equipamiento vial y aeroportuario del país, permitiendo superar en pocos años el enorme déficit de infraestructura que existía hasta la fecha.
El modelo permitió, asimismo, la liberación de enormes partidas presupuestarias que pudieron ser destinadas a proyectos de alto interés social, que como carecían de la capacidad de atraer recursos privados, solo podían ser financiados con fondos públicos. Esto ocurrió en las áreas de salud, educación y planes para el combate de la pobreza.
¿Qué hubiese pasado si no se aplicaba este modelo? Que, probablemente, los recursos públicos no hubiesen alcanzado para generar el mismo desarrollo y Chile aún presentaría una infraestructura deficitaria en todas estas áreas claves de la economía, afectando la competitividad del país e imposibilitando los niveles de crecimiento que, con vaivenes y todo, han sido largamente positivos en todos estos años.
Por ello, la actual discusión es preocupante. Si quienes se oponen al modelo tienen éxito, nos veremos enfrentados a grandes dificultades presupuestarias de cara al desafío de ofrecer una salud pública de calidad a todos los chilenos. Si como país queremos resolver de manera oportuna los altos déficit de atención e infraestructura hospitalaria hoy existentes, el esquema de colaboración público-privado, que combina y potencia el rol regulador del Estado con la eficiencia y capacidad de financiamiento del sector privado es, sin duda, una herramienta de alto valor para solucionar el problema. Más aún en un período de menor actividad económica, que va a significar una previsible merma en los ingresos fiscales. En dicho contexto, este tipo de iniciativas podrían ayudar a acrecentar el ritmo de inversión y, en la medida que sean llevadas a cabo de forma eficiente, implicarán exigir menos recursos del Estado.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar que en estas mesas de negociación nadie representa a la población que necesariamente se verá afectada por el retraso de los proyectos.
