El 27 de mayo, un consorcio conformado por la empresa chilena Beler S.A. e International Nusantara Investment Pte., de Singapur, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores una audiencia con el ministro Pérez Mackenna para presentar su proyecto “Corredor bioceánico Longotoma” y solicitar la activación del Tratado de Maipú entre Chile y Argentina, para facilitar su tramitación.
La inversión privada de US$ 9.600 millones contempla un túnel ferroviario entre Uspallata (Mendoza) y Los Andes, para el transporte de carga, vehículos y pasajeros; una vía férrea entre Los Andes y La Ligua; y un puerto en Longotoma que permita exportar granos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay hacia China y el Asia Pacífico. Asimismo, comprende ampliar el puerto terrestre de Los Andes e instalar plantas de gasificación por plasma, que provean de energía eléctrica a los trenes.
Controlador del Pacífico
Según el consorcio, estas obras convertirían a Chile en el “controlador del comercio en el Pacífico”, ahorrando US$ 450 millones al año en envíos de granos. Según detallaron, Argentina y Brasil exportan anualmente 380.600 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, de las cuales 79% tiene como destino China y el Asia Pacífico. Con un costo de US$ 95 por tonelada, el transporte por el puerto de Longotoma sería más económico que el Canal de Panamá (US$ 115) y el puerto de Chancay (US$ 130), en Perú. “Chile tiene la mejor posición geográfica del continente pero sin la infraestructura, por lo que la oportunidad se la lleva otro”, explican desde Beler.
El proyecto, argumentan desde la entidad, redundaría además en beneficio fiscal, ya que en 20 años aportaría una recaudación neta de US$ 7.500 millones derivada del IVA, impuestos a la renta y servicios aduaneros, además de la creación de miles de empleos y un incremento de un punto porcentual al PIB nacional.
Tratado de Maipú
En octubre de 2009, las exPresidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández firmaron el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación. Su artículo 24 establece que las partes “priorizarán la celebración de protocolos complementarios específicos (...) relativos a la realización de aquellos proyectos de infraestructura de transporte vial y/o ferroviario que consideren de interés estratégico para el proceso de integración binacional”.
En esa línea, ambos países “podrán crear entidades binacionales de carácter público” que “entre otras materias, podrán llevar adelante los procedimientos necesarios para la realización de los estudios técnicos, la elaboración de la documentación para la contratación de los trabajos, la construcción de las obras y su administración y operación posteriores”.
Según afirmó el representante legal de Beler, Cristian Hewstone, en una carta enviada al canciller, este instrumento evitaría “la intermediación de ministerios sectoriales que históricamente han causado estancamiento burocrático”. La entidad binacional podría ejecutar el proyecto “sin pasar por todos los trámites ordinarios de cada país y ahorro de tiempo en permisología”, agregan desde Beler. En ese sentido, lo eximiría de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que, de obtener visto bueno, podría ser construido en un plazo de tres a cuatro años.
De todos modos, señala la coordinadora de Finanzas y Comunicaciones de Beler, Mónica Fuchslocher, “el Ministerio del Medio Ambiente fiscalizará el proyecto, el cual cumple con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú”. Consultado sobre este punto, el Servicio de Evaluación Ambiental declinó referirse al tema.
Gestiones ante autoridades
Desde Cancillería, en tanto, confirmaron a DF Regiones que “se recibió una solicitud de audiencia con el ministro”, aunque se recomendó que la reunión sea requerida a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales “por su aproximación técnica al tema”.
Al respecto, Fuchslocher respondió que están en proceso de solicitar audiencia con la subsecretaria Paula Estévez a través de la Ley del Lobby.
Consultado sobre la pertinencia de invocar el tratado de Maipú, el excanciller y exministro de Justicia, Teodoro Ribera, opinó que “para el proyecto sería de gran utilidad que pudiera tener una calificación previa, por parte de las autoridades, para resolver si conviene o no colocarlo como un proyecto de interés binacional. Una definición previa evitaría malgastar tiempo y dinero".
En relación al trámite con la Cancillería de Argentina, Fuchslocher señaló que se encuentran en conversaciones “bastante avanzadas” con el Gobierno del Presidente Milei, pero que todavía no presentan el requerimiento formal.
El consorcio también informó que tuvo una reunión por Lobby con el Ministerio de Economía el pasado 4 de junio. Según señalaron, pidieron acceder a los beneficios del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, a mecanismos de invariabilidad tributaria, incluir el corredor en la nómina de proyectos de interés nacional para acogerse a la Ley de Permisos Inteligentes y un decreto de excepción “que permita agilizar procesos de coordinación interinstitucional”. Desde la cartera confirmaron que “hubo una reunión con el equipo técnico”.
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