Este domingo, se realizó en el Centro de Justicia la audiencia de formalización de los 17 imputados en el marco de la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que tiene entre sus involucrados al ahora exejecutivo de Banco Santander, José Carlos Pérez.
Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando. Tras la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 14 de los 17 formalizados.
En ese contexto, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reveló que Pérez no sería el único trabajador del sistema financiero involucrado en la causa.
“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en BancoEstado”, señaló el persecutor ante la prensa, sin revelar la identidad de la persona.
Luego de que se conocieran estos antecedentes, BancoEstado emitió este lunes una declaración pública en la que confirmó que una trabajadora externa de la institución figura entre las personas investigadas.
"Antecedentes de mayor gravedad"
Según explicó la entidad, el 5 de junio “fue notificado de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la cual se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado. Esta diligencia se ejecutó de manera inmediata por parte de BancoEstado”.
La institución agregó que en dicha investigación “figura involucrada una trabajadora externa de la institución, quien fue formalizada este fin de semana. La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026”.
Asimismo, sostuvo que, una vez que tomó conocimiento de la situación, “bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil”.
Junto con ello, BancoEstado afirmó que se encuentra colaborando con el Ministerio Público, entregando la información y los antecedentes requeridos para el desarrollo de la investigación.
“Es preciso ser muy claros con los clientes y con la ciudadanía: los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal. Esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día”, planteó la entidad.
Además, informó que “BancoEstado ha abierto una auditoría interna exhaustiva con el objetivo de revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas, reservándose las acciones legales que fueran pertinentes”.