Revisión de decretos que regulan la consulta: Poner las cosas en su lugar
Juan Eduardo Faúndez
Juan Eduardo Faúndez
La decisión del Gobierno de revisar la actual normativa vigente que sistematiza la Consulta Previa Indígena en la tramitación ambiental de proyectos, no sólo refleja el compromiso de dar cumplimiento efectivo al Convenio 169 de la OIT; sino que es el primer paso concreto hacia un instrumento perfectible. De esta forma recogemos el guante a la demanda de los representantes de los pueblos indígenas, que si bien acogieron la convocatoria del Estado de participar en el primer proceso de Consulta Previa, pidieron garantías de respeto por el estándar internacional.
Surgió entonces la necesidad de equilibrar el desarrollo de iniciativas en territorios y en áreas que afecten directamente a los pueblos indígenas, pero por sobre todo, generar confianzas ante un proceso que llegó para quedarse. Por ello estamos convencidos de que la aplicación del Convenio 169 es el mejor medio para dar seguridad jurídica tanto al desarrollo de proyectos de inversión como a las comunidades indígenas.
La revisión se complementa con medidas que propicien el desarrollo de las distintas consultas. Entre ellas, la creación de una entidad especializada con tal de agrupar los procesos para evitar una dispersión de criterios y metodología en relación a la Consulta Previa, monitoreando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por las partes. Además, se capacitará a los distintos órganos del Estado, dotando de recursos materiales y humanos suficientes. En definitiva, disponer de la institucionalidad pertinente y necesaria, atendiendo las falencias estructurales con las cuales se concibió el proceso de Consulta Previa. Estas acciones no son aisladas y menos antojadizas: partieron con la decisión política de crear la Unidad de Consulta y Participación Indígena en mayo del presente año, ante la necesidad de fortalecimiento institucional concreto.
Como representantes del Estado abogamos por compatibilizar el aprecio y respeto por los Pueblos Indígenas en el país, con la necesidad de que los proyectos de inversión se desarrollen de manera óptima. Sólo estableciendo reglas claras con una entidad especializada, procesos de negociación en donde exista información y criterios compartidos con procedimientos adecuados, es posible llegar a acuerdos satisfactorios para las partes. Es deber del Estado de Chile proporcionar estas certezas con tal de asegurar el desarrollo del país de manera armónica y respetuosa con las comunidades indígenas.