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Alto contrasteAlza del precio de los combustibles
El precio de los combustibles alcanzará mañana su mayor alza histórica en el país, en más de cuatro décadas, tras la decisión del Gobierno de sincerar las consecuencias del shock petrolero gatillado por la guerra en Medio Oriente. Se trata de una medida dura y, en muchos aspectos, impopular para las familias, pero económicamente correcta y necesaria en un contexto donde la estrechez de las finanzas fiscales, heredada de la administración anterior, impide amortiguar su impacto. Como contrapartida, el Ejecutivo ha anunciado un paquete de siete medidas de mitigación, orientadas a contener el impacto en los hogares, de manera que el tránsito por este ajuste sea más acotado en sus efectos inmediatos.
El alza del petróleo en los mercados internacionales, que ha elevado el valor del barril por sobre los US$ 100, está dando cuenta de una mayor restricción en su disponibilidad y, por tanto, de un encarecimiento que debe ser internalizado. Intentar aislar a los consumidores de esa señal mediante subsidios generalizados no solo postergaría el ajuste, sino que distorsionaría decisiones de consumo y asignación de recursos.
La comunicación del ajuste y sus fundamentos será tan relevante como las medidas adoptadas.
En este contexto, el Gobierno ha optado por modificar los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), activando cláusulas de escape que permiten superar los límites habituales de variación, lo que se traducirá en aumentos en torno a $ 370 por litro en gasolinas y $ 580 en diésel, este jueves. Debe tenerse en cuenta que este instrumento no es un subsidio, sino un mecanismo para suavizar fluctuaciones cuando los combustibles alcanzan niveles por debajo del precio de paridad, por lo que el ajuste no puede entenderse como el retiro de un beneficio. De hecho, su objetivo estabilizador seguirá operando.
Tras los anuncios de Hacienda, por otro lado, diversas voces han planteado que las medidas pudieron implementarse en forma gradual para reducir su impacto. Sin embargo, una estrategia de ese tipo no alteraría el resultado final —los precios igualmente convergen a su nuevo nivel— y, en cambio, implicaría un costo fiscal considerable, estimado en torno a US$ 900 millones.
Las medidas de mitigación resultan clave, en este panorama. El Gobierno ha apuntado en la dirección adecuada al proteger a los sectores más vulnerables, particularmente con el congelamiento de las tarifas del transporte público y la contención del precio de la parafina en los meses de mayor demanda. Asimismo, la subvención para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses va en la línea de resguardar servicios, aunque aún restan por conocerse detalles de implementación.
Una parte relevante de estas medidas deberá tramitarse en el Congreso, lo que introduce una dimensión política relevante. Lo deseable es que lejos de las rencillas y de los cobros de corto plazo, existan los acuerdos necesarios para aprobar con diligencia iniciativas que amortiguen los efectos más severos. Por el contrario, la alternativa de rechazarlas o dilatarlas trasladaría el ajuste en su totalidad a los hogares, particularmente a aquellos con menor capacidad de adaptación.
La magnitud del alza y sus efectos en el costo de vida hacen, asimismo, central que el Gobierno comunique adecuadamente a la población el por qué y para qué de estas medidas –incluso por qué estas y no otras-, de manera de contener tensiones y dar certezas a los hogares frente a un escenario que, por definición, es exigente.
