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Alto contrasteDesafíos de la Dirección del Trabajo
A poco más de un mes de asumir, el nuevo director del Trabajo, David Oddó, declaró a DF que su rol central será “dar certeza al mercado para la generación de empleo”. Lo que podría parecer una obviedad, tiene mucho sentido al considerar cómo se fue desdibujando el rol del organismo en la administración anterior, con dictámenes tardíos, cambios de criterio y decisiones adoptadas ad portas de la implementación de las normas. En un organismo técnico lo esperable es que las interpretaciones administrativas sean coetáneas a la dictación de las leyes y no al límite de su entrada en vigencia, evitando así la incertidumbre operativa y costos de ajuste innecesarios, tarea que la nueva administración deberá abordar para restablecer un marco interpretativo oportuno.
Durante los últimos años, la puesta en marcha de normativas como la Lay Karin, la de 40 horas y diversos cambios en materia de negociación colectiva estuvo marcada por interpretaciones que en algunos casos se apartaron de la lógica de implementación previsible. Ello generó un escenario de menor claridad para empleadores y trabajadores, con efectos en la toma de decisiones y en la gestión interna de las organizaciones. A esto se sumaron modificaciones de criterio en ámbitos sensibles, como el de negociación colectiva, que alteraron la doctrina vigente sin mediar requerimientos específicos, lo que tensionó aún más la certeza jurídica del sistema.
La gran tarea es recuperar el equilibrio técnico y la credibilidad en la gestión.
En este contexto, la nueva administración hereda un servicio con debilidades de conducción y gestión, afectado en su funcionamiento interno y en la relación con sus usuarios. El caso más evidente es la implementación de la Ley Karin. Se estima que existen cerca de 8.000 denuncias pendientes, un volumen que supera con creces la capacidad operativa del organismo y que sigue creciendo. Con plazos legales de 30 días, en la práctica las investigaciones pueden extenderse por seis u ocho meses, lo que no solo tensiona la gestión del servicio, sino que impacta en los entornos laborales, donde denunciantes y denunciados permanecen bajo medidas de resguardo prolongadas, afectando el clima interno, la productividad y la continuidad operativa de las empresas. De allí que uno de los desafíos urgentes sea la revisión de criterios de admisibilidad. Es clave examinar procedimientos, establecer filtros más exigentes y redefinir la distribución de las investigaciones, radicándolas principalmente en las empresas, reservando para la DT los casos de mayor gravedad, particularmente los de acoso sexual.
Un segundo ámbito crítico es la fiscalización. La caída del Sistema de Gestión Inspectiva implementado en enero por la administración anterior -tras una inversión significativa y un funcionamiento fallido- abre un espacio para replantear el modelo de fiscalización. Hoy predomina un esquema centrado en la sanción inmediata, por lo que la oportunidad está en avanzar hacia un sistema mixto, que incorpore herramientas de prevención, gradualidad y acompañamiento, orientadas a un cumplimiento efectivo de las normas.
El desafío supone recomponer capacidades de gestión, ordenar criterios y restablecer confianzas. Pero, sobre todo, exige recuperar un equilibrio técnico en un servicio que tiene dos usuarios: trabajadores y empleadores. La DT no puede prescindir de esa dualidad. Su legitimidad depende de su capacidad de actuar con consistencia, oportunidad y proporcionalidad, atributos indispensables para un sistema laboral que requiere reglas claras y previsibles.
