El desafío de crecer más
A una semana de presentar sus nuevas proyecciones para la economía nacional en 2026, a través del Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central dio a conocer este miércoles la radiografía final de las Cuentas Nacionales del ejercicio recién pasado. En línea con el pronóstico del Ministerio de Hacienda de la administración Boric, y por sobre el crecimiento de 2,3% que sugerían indicadores adicionales previos, el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 2,5%.
En medio de un Gobierno saliente y de otro en plena instalación, el dato dio lugar a lecturas disímiles. El exjefe del equipo económico, Nicolás Grau, se apresuró a destacar el resultado -subrayando su efecto en la trayectoria de la deuda-, mientras que el actual subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, lo puso en perspectiva, al recordar que el crecimiento promedio en la era Boric es el segundo peor desempeño para un período de cuatro años desde el retorno a la democracia. De hecho, fue el rendimiento de 2025 el que permitió cerrar el ciclo con una expansión promedio del PIB de 2%, solo por sobre el 1,8% de la segunda administración de Michelle Bachelet.
Tras años de estancamiento, un mayor dinamismo requiere tanto de un programa efectivo, como de acuerdos amplios para recuperar el bienestar.
Más allá del contraste, y tal como lo expuso Rodríguez, hay un punto de coincidencia con el exministro Grau: un crecimiento de 2% o, incluso, de 2,5% es insuficiente para responder a las expectativas, necesidades y aspiraciones de la población.
Si hoy existe consenso en el país es respecto de la urgencia de elevar el ritmo de expansión del PIB y hacerlo en forma sostenible. Esto supone una voluntad transversal para emprender un camino que se proyecte en el tiempo y que se traduzca en avances concretos en materia social, particularmente -y dadas las urgencias actuales-, en empleo, salud, educación y pensiones.
Probablemente, no hay dos voces sobre este desafío país, pero claramente hay muchas visiones sobre cómo lograrlo. De allí que la política de los acuerdos surja, más que nunca, como una condición necesaria, aun cuando el escenario político la haga difícil de materializar.
En este contexto, los efectos del conflicto en Medio Oriente -en particular la presión sobre los precios de los combustibles- son un recordatorio para los distintos sectores sobre la exposición de Chile a la economía global. El país tiene una economía abierta y lo que ocurra afuera determina, en gran medida, las acciones domésticas, tal como lo refleja el análisis de la nueva administración respecto del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Lo deseable es que las medidas procrecimiento que se ha comprometido a impulsar el actual Gobierno encuentren una base de apoyo transversal, capaz de otorgar certidumbre más allá del ciclo político. Esto es especialmente relevante cuando los objetivos de largo plazo son ambiciosos: elevar el crecimiento a 4%, reducir la tasa de desempleo a 6%, lograr el equilibrio en las cuentas públicas e impulsar la inversión -que ya mostró dinamismo en 2025, con un alza de 7% en la formación bruta de capital fijo- y, por esa vía, fortalecer la capacidad productiva del país. De su materialización dependerá, en buena medida, retomar una trayectoria de bienestar y progresos sostenidos.
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