VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrastePlan de Reconstrucción y Desarrollo Económico
La propuesta de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social anunciada por el Presidente José Antonio Kast llega en el momento adecuado y con la dirección correcta. Chile acumula más de una década de estancamiento, que se ha dejado sentir en el empleo y los ingresos de los trabajadores. A esto se suma un deterioro fiscal evidente, que podría poner en riesgo el financiamiento de beneficios sociales en el futuro. Se trata de un diagnóstico correcto, y las medidas propuestas son coherentes con la agenda de reformas que el país requería hace tiempo. Resta aún por conocer la redacción del proyecto, a lo que se suma la complejidad de la tramitación legislativa, lo que hace necesaria una mirada colaborativa, propositiva y con sentido de urgencia por parte de los parlamentarios, dado el contexto económico y social que enfrenta el país.
El proyecto apunta a impulsar la competitividad, en un marco que exigirá consistencia fiscal.
Sobre la base de cinco ejes, el proyecto constará de 43 artículos y cerca 40 medidas, cuyo costo aún no ha sido revelado, pero respecto del cual el ministro de Hacienda ha dicho que se financiará en dos tercios con las iniciativas contempladas en el plan, mientras que el resto se cubrirá con contención del gasto. De esta forma, propuestas como la rebaja del impuesto corporativo a 23% hacia 2029 y la reintegración del sistema tributario están en línea con la necesidad de reactivar la economía, contribuir a la competitividad y equiparar las condiciones del país respecto de sus competidores, generando incentivos para la inversión. El proyecto considera además repatriación de capitales; un crédito tributario a la contratación y la exención del IVA a la compra de viviendas; entre varias otras propuestas.
Gran parte de ellas son medidas que reducen recaudación y que son heterogéneas en su temporalidad y magnitud, lo que abre algunas dudas respecto de la viabilidad fiscal, teniendo en cuenta el compromiso del Gobierno de eliminar el déficit estructural hacia 2030.
En particular, la baja gradual del impuesto de Primera Categoría, la reintegración tributaria, el crédito a la contratación, la exención transitoria del IVA en viviendas y la eliminación permanente de contribuciones, sumadas al costo de la reconstrucción post incendios no contarían con financiamiento equivalente entre las medidas de mayor recaudación contempladas en lo que se conoce del proyecto, hasta ahora. La carga del ajuste recaería, entonces, en buena medida sobre el ajuste del gasto público. Y aunque un recorte de 3% permitiría financiarlas e incluso contribuir a la reducción del déficit, mantener un ajuste de esa magnitud en el tiempo es una tarea de alta dificultad, como lo demuestra la historia fiscal reciente. El riesgo es que el déficit estructural no converja hacia el equilibrio comprometido.
Ello no invalida el proyecto, pero sí sugiere que algunas medidas podrían rediseñarse para lograr el mismo efecto con menor presión sobre las cuentas fiscales. La exención de contribuciones para adultos mayores, por ejemplo, podría introducirse con un umbral de edad que suba progresivamente. O el efecto buscado con la eliminación del IVA a la vivienda podría lograrse con medidas de menor impacto fiscal.
El desafío, en el fondo, es alcanzar un diseño que no dañe el objetivo de equilibrio fiscal, que el propio plan se ha comprometido a restaurar.
