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Alto contrastePreocupante revés en protección de Datos
Cuesta arriba se ha vuelto el camino para conformar el Consejo que debe poner en marcha la Agencia de Protección de Datos Personales, el organismo que desde diciembre contará con amplias facultades fiscalizadoras y sancionatorias para resguardar los derechos de las personas frente al uso que terceros hacen de su información. En medio del sorpresivo cambio de gabinete, la noche del martes pasó prácticamente desapercibido el rechazo del Senado a los nombres propuestos para integrar el órgano, ante cuestionamientos de incompetencias e inhabilidades, lo que finalmente condujo a que no se alcanzara el quórum requerido. Sin embargo, no fue la primera terna, pues debido a reparos similares el gobierno retiró la original en abril, sin que llegara a votarse.
Las objeciones han complicado un proceso que debía culminar antes del 1 de junio, cuando el Consejo debe entrar en funciones, de acuerdo con lo establecido en la ley. De hecho, tal fecha fue adelantada desde octubre para evitar un desfase entre la entrada en vigor de la normativa a fin de año y la capacidad operativa de la agencia para fijar los primeros criterios regulatorios frente a un mercado que opera con datos a escala masiva, definir el estándar de fiscalizaciones, dictar instrucciones generales, interpretar administrativamente la ley y desarrollar acciones de difusión, previo al ejercicio de la potestad sancionatoria, que en su rango más alto asciende a UTM 20.000 (unos $ 1.400 millones).
Las dificultades para nombrar a los integrantes del Consejo de Datos amenazan con debilitar la legitimidad técnica de la futura agencia.
La autoridad de protección de datos será uno de los organismos con mayor poder regulador del país, con capacidad sobre empresas, plataformas digitales, servicios públicos, bancos, aseguradoras, universidades, hospitales, comercios, municipios, empleadores y prácticamente cualquier organización que trate datos personales. Tendrá facultades interpretativas que definirán el funcionamiento de todas las industrias modernas, e influencia directa sobre cómo se implementa inteligencia artificial, cómo se usan sistemas biométricos, cómo operan mecanismos de perfilamiento, cómo se gestionan riesgos algorítmicos y cómo se equilibra innovación con derechos fundamentales. Visto así, la agencia no regulará bases de datos, sino modelos económicos, incentivos tecnológicos, arquitectura institucional digital y, muy probablemente, terminará definiendo cómo entendemos la autonomía y dignidad de las personas en ecosistemas crecientemente automatizados.
Por lo mismo, se trata de decisiones que no admiten improvisación y por ello resulta preocupante que tras dos ternas y a una semana del plazo legal, el proceso haya vuelto al punto de partida. Parte del problema parece radicar en el perfil de los candidatos. Junto con el adecuado manejo de conflictos de interés e inhabilidades, es esencial que los postulantes cuenten con una experiencia suficientemente robusta para sostener técnica y jurídicamente sus decisiones frente al control judicial posterior. Y tampoco puede perderse de vista que la legitimidad de la agencia dependerá, en gran medida, de la confianza transversal que logre construir desde su origen. Chile invirtió más de 10 años discutiendo esta legislación, no debiera perder tiempo ahora improvisando quiénes serán los encargados de aplicarla.
