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Alto contrastePrudencia fiscal
El primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la actual administración confirmó que las cifras fiscales heredadas del gobierno anterior son considerablemente más débiles que lo informado previamente y que no reflejaban toda la magnitud del deterioro. Sin embargo, lo que ha concentrado la atención fue la detección, por parte de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres), de una inconsistencia en la trayectoria de deuda publicada en el último IFP de la administración de Gabriel Boric, equivalente a US$ 10.600 millones (cerca de 3% del PIB), lo que obligará a realizar una reestimación completa de las necesidades de financiamiento fiscal para el período 2026-2030.
Las nuevas cifras reflejan un escenario considerablemente más exigente para las cuentas públicas. El déficit efectivo proyectado para este año pasó de 1,8% del PIB a 2,9%, mientras que el déficit estructural esperado para 2026 aumentó desde 2,7% a 3,7% del Producto. A ello se suma una trayectoria de deuda que superaría el umbral prudente de 45% del PIB hacia 2028 y se acercaría a 46% hacia el final del horizonte de proyección. Parte importante del deterioro responde a menores ingresos esperados por la Ley de Cumplimiento Tributario, cuyo rendimiento proyectado cayó desde 0,7% del PIB a apenas 0,1%; pero también a la constatación de que el empeoramiento del balance fiscal no encuentra correlato en la programación de deuda publicada previamente. Todo esto vuelve además bastante más difícil alcanzar el equilibrio estructural hacia 2030, como esperaba inicialmente el Ejecutivo.
La conducción del debate fiscal exige hoy más responsabilidad técnica que disputas políticas de corto plazo.
La situación es suficientemente delicada como para requerir una investigación respecto de cómo se produjo tal inconsistencia. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una revisión administrativa para determinar eventuales responsabilidades, mientras que la Dipres abrió una auditoría técnica. Sin embargo, tan importante como investigar el origen del problema es la forma en que la discusión se conduzca institucionalmente. Y en eso, hasta ahora, tanto Hacienda como la Dipres han actuado con una cautela que contrasta con el tono que comienza a instalarse en parte del debate político.
El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, fue explícito al señalar a DF que el IFP “no está acusando a nadie” y que su objetivo es “corregir una trayectoria de deuda” para restablecer la consistencia entre déficit y financiamiento, y con ello fortalecer la institucionalidad fiscal. Del mismo modo, sostuvo que las diferencias metodológicas deben discutirse técnicamente, junto al CFA e, incluso, manifestó disposición a sostener reuniones con los equipos técnicos de la administración anterior. Ese tono prudente resulta particularmente relevante cuando sectores políticos ya han comenzado a anunciar acusaciones constitucionales y a instalar imputaciones de fraude, antes de que concluya cualquier revisión formal.
La discusión fiscal exige justamente lo contrario. Las disputas políticas de corto plazo no solo debilitan la calidad del debate público, sino que introducen incertidumbre innecesaria frente a clasificadoras de riesgo, inversionistas y organismos internacionales que observan con atención la capacidad del país para conducir ordenadamente sus cuentas fiscales.
Por lo mismo, el foco debiera mantenerse en corregir la trayectoria fiscal, fortalecer la institucionalidad presupuestaria y recuperar capacidad de crecimiento en un momento especialmente complejo para la economía chilena. En medio de la discusión del proyecto de reconstrucción que impulsa el Ejecutivo, el país necesita preservar la solidez de sus instituciones fiscales y mantener la discusión económica en un plano de responsabilidad técnica, lejos de la confrontación y de las reyertas.
