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Alto contrasteSustentabilidad y crecimiento, el nuevo eje ambiental
Desde el arribo de la nueva administración a La Moneda, una de las agendas más intensas -además de la de Hacienda- ha sido la del Ministerio del Medio Ambiente. En pocas semanas, la cartera ha pasado a ocupar un lugar central, con decisiones que han reordenado su funcionamiento interno, instalado definiciones estratégicas y puesto el foco en una tarea prioritaria: compatibilizar desarrollo económico con protección ambiental bajo un enfoque de sustentabilidad.
El retiro de 43 decretos desde la Contraloría para su revisión, el encargo presidencial de destrabar 51 proyectos de inversión por US$ 16.000 millones y la revisión de instrumentos como los sitios de conservación dan cuenta de un cambio de ritmo y prioridades. A ello se suma un trabajo coordinado con Hacienda, que busca alinear la política ambiental con los objetivos de crecimiento y empleo, en un contexto donde la inversión ha sido tensionada por la incertidumbre regulatoria y los plazos de tramitación.
Reducir la discrecionalidad en la evaluación de proyectos será clave para restablecer certezas.
Durante los últimos años, la gestión ambiental tendió a centrarse en una lógica mayoritariamente proteccionista, donde variables económicas y sociales quedaron en segundo plano en la evaluación de proyectos. Ello derivó en procesos extensos, criterios dispares y un deterioro en la percepción de certezas para invertir. Sin desconocer avances, como la Ley de Permisos Sectoriales, la implementación evidenció dificultades que terminaron por afectar el dinamismo de sectores clave.
El desafío actual apunta a lograr un equilibrio, donde la sustentabilidad, entendida como la integración de dimensiones ambientales, económicas y sociales, implica que la protección del entorno no se contrapone al desarrollo, sino que exige decisiones basadas en criterios técnicos y en el cumplimiento de la normativa vigente. Se trata de un principio central para reducir espacios de discrecionalidad y reforzar la confianza en las instituciones, pero que también exige evitar simplificaciones en el discurso -como oponer la generación de empleo a “tres arbolitos”- que terminan distorsionando una discusión que es, por definición, más compleja.
En esa línea, la agenda de la nueva cartera considera ajustes relevantes. La instalación del SBAP busca ordenar la gestión de ecosistemas bajo planes de manejo claros, mientras que la revisión del SEIA apunta a fortalecer su carácter técnico. A ello se suma el anuncio de una reforma a los Tribunales Ambientales, donde muchas veces la tramitación de los proyectos se eterniza ante la escasez de integrantes para sesionar, debiendo recurrir a ministros de Corte. La experiencia comparada, como el caso de Brasil, muestra que es posible avanzar en procesos más expeditos sin debilitar los estándares. Casos recientes en el sector forestal, con inversiones que optaron por Brasil, reflejan el costo país –en productividad, crecimiento y creación de empleo- de prolongar la incertidumbre regulatoria.
En este marco, la coordinación entre Hacienda y Medio Ambiente puede ser una alianza fructífera. Se trata, sin embargo, de una tarea que exige rapidez y consistencia, pues en un contexto definido como de emergencia económica y social, los tiempos de respuesta de la institucionalidad adquieren mayor peso. El giro en la política ambiental abre así un espacio para reencauzar la relación entre desarrollo y protección. Su resultado dependerá de la capacidad de sostener un enfoque técnico, reducir la discrecionalidad y avanzar con la urgencia que impone la necesidad de recuperar el crecimiento y el empleo.
