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Alto contrasteViolencia en el sistema educacional
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue víctima este miércoles de un deleznable acto de violencia, que ha recibido una condena transversal y que merece el mayor de los repudios. La agresión que sufrió, tras ser amedrentada y retenida por más de dos horas por estudiantes de la Universidad Austral, constituye un hecho de una gravedad inédita para una autoridad en el Chile reciente y, al mismo tiempo, se inserta en una escalada de violencia en el sistema educacional que ha ido acumulándose en las últimas semanas y que hoy obliga a situar el problema en el centro de la discusión pública.
Lo ocurrido se produjo en el contexto de una actividad académica a la que fue invitada por la propia casa de estudios. En un espacio que debiera estar resguardado para el intercambio de ideas, fue rodeada por manifestantes, impedida de abandonar el recinto, sometida a un ambiente de hostilidad creciente, retenida contra su voluntad y sin condiciones de seguridad adecuadas. Las imágenes de su tensa salida, mientras era agredida a gritos y golpeada mostraron su indefensión. Resulta particularmente inquietante que quienes protagonizaron estos hechos fueran estudiantes universitarios que, mientras reclamaban por becas y por el pago del CAE, recurrieran a formas de presión violentas que anulan toda posibilidad de diálogo.
La respuesta a esta escalada exige sanciones, pero también medidas que prevengan su incubación fuera de estos espacios.
El Presidente de la República calificó lo ocurrido como un acto de irracionalidad total y afirmó que la violencia es inaceptable. El gobierno anunció la presentación de una querella y la Fiscalía inició una investigación, mientras que la universidad abrió un proceso interno. Sin embargo, las respuestas institucionales no agotan la dimensión del problema.
Lo ocurrido en Valdivia no es un hecho aislado. En las semanas previas, el sistema educacional ha sido escenario de episodios de extrema gravedad. El homicidio de una inspectora en un colegio de Calama, los ataques con elementos incendiarios en el Liceo Lastarria, el hallazgo de armas en manos de estudiantes y una seguidilla de amenazas de tiroteos configuran un cuadro que ya no puede entenderse como excepcional. Se trata de un proceso preocupante porque tiende a normalizar conductas que socavan la convivencia, debilitan las instituciones y desplazan el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. La violencia no solo daña a quienes la sufren, sino que instala un clima de temor que paraliza a la comunidad y abre espacio para que minorías organizadas impongan sus condiciones.
En este contexto, es necesario distinguir con claridad entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la comisión de actos de violencia. La libertad de expresión es un pilar del sistema democrático y condición para el ejercicio de otros derechos, pero encuentra su límite cuando se transforma en agresión, intimidación o coerción.
Las respuestas en discusión, que incluyen mayores medidas de control y sanción, pueden ser un primer paso. Sin embargo, concentrarse exclusivamente en instrumentos punitivos corre el riesgo de abordar solo las consecuencias y no las causas. El desafío es de carácter integral y requiere, por tanto, fortalecer tanto la prevención, como comprender las condiciones que están incubando estos comportamientos. Lo que está en juego es la capacidad de resguardar espacios esenciales para la convivencia democrática y evitar que la violencia se consolide como forma de interacción.
