La Fiscalía Regional de La Araucanía ordenó el levantamiento patrimonial de la concesionaria automotriz temuquense M Motors como parte de las diligencias por el delito de estafa reiterada que la empresa habría cometido contra unos 30 clientes. La indagatoria, ejecutada junto a la PDI, busca cuantificar el perjuicio económico dervido de las acciones, de las que se tiene registro desde el segundo semestre de 2025 e identificar el destino del patrimonio sustraído a los afectados.
“Estamos haciendo diversas diligencias con el objeto de determinar quiénes son los responsables de estos engaños y eventualmente los montos de fraude para poder ejercer la acción penal respecto de quienes corresponden”, relató la fiscal Nelly Marabolí. La persecutora precisó que hasta ahora “van entre 20 a 30 denuncias, toda vez que hay duplicidad de denuncias" y que conforme pasan los días, se han ido conociendo nuevos casos.
De acuerdo a los datos entregados por la fiscal, el ilícito se configura a partir del traslado irregular de los automóviles de los clientes hacia la automotora. “Este engaño se produce (por) un desplazamiento patrimonial respecto de la víctima hacia la persona que la estafa u otra. De esta forma se produce el engaño y este perjuicio (económico) respecto de la víctima”, detalló.
A través de un marketplace
El Ministerio Público plantea que la comisión de los delitos se habría originado mediante la captación de vendedores a particulares, a través de plataformas digitales. “Las personas son contactadas, a veces por los trabajadores de estas empresas, cuando ellos venden su vehículo en marketplace. Se ofrecen (los ejecutivos de M Motors) a pagar el crédito automotriz que ellos tienen previamente (…) De esa forma entregan su vehículo para que sea vendido y les pasan, a veces, $ 2 millones y después no pagan el crédito (…) y se genera esta pérdida patrimonial para la víctima producto de este engaño de una empresa que supuestamente es real y confiable, pero que no cumple los compromisos”, argumentó la fiscal Marabolí.
Las diligencias solicitadas por la Fiscalía se enfocan en un levantamiento patrimonial que permita “hacer un análisis contable y determinar precisamente hacia dónde van los montos defraudados”. En esa línea, no descartan que, como parte de la comisión de los delitos hubiese además lavado de activos, “sin perjuicio de que eso es materia de investigación”.
Pese a que el proceso aún no registra personas detenidas, el Ministerio Público confirmó que uno de los imputados ya se encuentra formalizado ante la Fiscalía de Lautaro por cuatro delitos de estafa, razón por la que “se trabaja en forma coordinada respecto de todas las denuncias que tienen el mismo modus operandi y una vez que se reúnan todos los informes policiales se van a agrupar las causas que correspondan para poder ejercer la acción penal respecto de quienes se identifiquen".
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