El mundo de la transparencia y la probidad no es nuevo para el recientemente nombrado presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de AFP, de Isapres y de Valores y Seguros y actualmente director de empresas.
Entre 2011 y 2013 encabezó el Consejo para la Transparencia, pero su involucramiento en estos temas viene de mucho antes, de 1994, cuando se creó la Comisión Nacional de Ética Pública y, siendo un joven abogado, ejerció como secretario ejecutivo.
Ferreiro dice que, con esta nueva función encabezando Chile Trasparente, “vuelvo a mi primer amor”, y recuerda que dicha comisión -que integraban, entre otros, el ministro de la Segpres Genaro Arriagada, Máximo Pacheco padre, Ricardo Rivadeneira y Guillermo Arthur-, hizo el primer diagnóstico de la situación de probidad en Chile y elaboró un catálogo de propuestas. “Fueron 40 recomendaciones, que marcaron una hoja de ruta durante varios años para nuevas normativas: las leyes de transparencia, de compras públicas, de probidad y modificaciones al código penal, financiamiento electoral, entre otras”, cuenta.
-Como nunca, en 2024, la transparencia ha sido uno de los temas principales de la agenda, política y mediática. ¿Cómo evalúan desde Chile Transparente este protagonismo?
-El principal indicador de transparencia que promueve Transparencia Internacional y que en Chile difunde Chile Transparente tiene que ver con el índice de percepción de la corrupción. Vemos que la corrupción es un fenómeno oculto, sabemos que hay mucha corrupción que no se conoce, y que lo que se conoce no necesariamente es la realidad subyacente, porque la corrupción, como dije, es un fenómeno oculto por definición. Y si hay un año en que probablemente la percepción de la corrupción en Chile va a llegar a niveles muy preocupantes, es precisamente este que termina. Hemos estado expuestos a múltiples denuncias, casos muy mediáticos, entonces es natural que las personas aumenten su desconfianza en las instituciones.
-¿Qué impacto tiene esa percepción?
-Se percibe una situación muy peligrosa, en mi opinión, para la estabilidad institucional y para la salud de la democracia. Yo creo que Chile camina por la cornisa de la estabilidad institucional. Estuvimos en cierto peligro durante un tiempo, y estamos anestesiados por la calma temporal después de dos procesos constitucionales fallidos, pero el problema de fondo está allí, y las bandas en las cuales descansa la estabilidad institucional están muy frágiles, porque la percepción de integridad y confiabilidad de la autoridad en los poderes del Estado está en su peor momento histórico y la percepción de desempeño del Estado, es decir, de la capacidad del Estado de resolver por los problemas de las personas, también está muy bajo.
Ferreiro afirma que en ese contexto, Chile Transparente tiene como desafío insistir en las reformas legales que ayuden a mitigar estos problemas. “En el pasado Chile ha tenido una virtud, ha sabido reaccionar a tiempo, con acuerdos políticos transversales para buscar una solución.
-¿Qué opina de la transparencia en el mundo privado?
-En general, el mundo privado tiene una justificación teórica menor para la intensidad de la transparencia que debe exhibir. Cuando hablamos de lo público, estamos hablando de lo que pertenece a todos, y todos tenemos derecho a saber lo que ocurre allí. Ese derecho, esa expectativa, es algo menor, algo menor solo, respecto al mundo privado. Y justifica una diferencia en el trato. Es evidente que cuando hay una entidad privada que recibe financiamiento público, los estándares de transparencia tienen que ser más altos, y lo mismo cuando desempeñan una función social importante.
-¿Cuánto de la percepción actual es fruto precisamente de una mayor transparencia, o de que se conoció información?
-Efectivamente, hoy día hemos sabido más cosas y estamos escandalizados por lo que sabemos. Pero en un escenario de transparencia reglada por el Estado, de sistemas que garantizan el control y el escrutinio social, probablemente buena parte de lo que hemos sabido no habría ocurrido, porque las personas se inhiben de las malas prácticas cuando se sabe observado y sometido al escrutinio público.
-¿La ley de Transparencia debe modernizarse y adecuarse a los nuevos tiempos?
-La ley de transparencia cumple un rol fundamental, sigue siendo importante, pero de alguna manera queda obsoleta en algunas dimensiones. Es el caso de la transparencia activa, que tiene que darse en formato de datos abiertos y reutilizables. Hoy día la transparencia no puede funcionar en PDF. Otro tema que debe ser revisado, es que la tutela del Consejo para la Transparencia opera sobre la administración central del Estado y los municipios, pero no respecto del resto de los agentes del Estado, entre ellos, el Poder Judicial, el Legislativo, la Contraloría, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional.
Ferreiro cree que el eslabón más débil en términos de control es el municipal y destaca que “el patrón común es que el alcalde goza de un control, de un poder casi total en la asignación de los recursos, en la asignación de los funcionarios, por tanto los sistemas de control interno a nivel municipal son muy débiles”.
-O sea no se trata sólo de transparencia…
-No es un tema de información. Las unidades de control municipal dependen del alcalde. Hay un proyecto de ley en el Parlamento hoy día sobre integridad municipal que busca reforzar la unidad de control interno. Ese proyecto tuvo urgencia hasta agosto, está paralizado ahora, queremos que se reimpulse, porque nos parece fundamental.
-Otro tema de la agenda actual es el de los gastos reservados ¿qué sugiere en este ámbito?
-Cuando llegué a trabajar a La Moneda en el año 90, toda la partida del Ministerio de Secretaría General de Gobierno era gasto reservado. Toda la partida. Y las partidas de gastos reservados del ministerio del Interior y de Defensa eran extraodinariamente altos. Con el tiempo se fueron reduciendo, pero sigue siendo un foco de preocupación. Hay algunos gastos reservados que son inevitables, para temas de seguridad interior o exterior, pago de informantes, por ejemplo, pero creo que ministerios estrictamente políticos, que no estén vinculados a la seguridad, probablemente no deberían tener gastos reservados. Ahora, en el contexto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, me costaría encontrar fundamentos para que el Ministerio del interior tenga gastos reservados. 
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