Pocas horas antes de que cesaran los aranceles de 10% vigentes desde febrero, el gobierno estadounidense confirmó que desde este viernes nuestro país quedaba sujeto a una tasa arancelaria del 12,5%, por, según su investigación, no contar con una regulación que impida o sancione la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
El escenario para Chile supone un aumento de 2,5% adicional sobre el arancel previo e impactará a alrededor del 40% del valor de las exportaciones nacionales a Estados Unidos, incluyendo a industrias como la salmonicultura, fruticultura, forestal, vitivinícola y otros rubros agroalimentarios. Este mayor gravamen, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) representa una carga arancelaria adicional de US$ 212,5 millones, equivalente al 1,1% del total de las importaciones estadounidenses desde Chile en 2025.
Quedaron excluidos de la sobretasa más del 50% del valor de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Entre las más relevantes se encuentran cátodos de cobre refinado, plata, yodo, naranjas frescas, carbonato de litio, oro no monetario, nitrato de potasio, renio, kiwis frescos, semillas, paltas, concentrados de molibdeno sin tostar, sulfato de cobre e hidróxido de litio.
En el proceso de desarrollo de la investigación, Chile participó de las rondas de exposiciones públicas para evitar caer en la mayor tasa, sin embargo, pese a ello quedó en la lista de naciones con la sanción más alta. ¿Qué puede hacer nuestro país para lograr rebajar el gravamen y quedar con 10%? Contar con una legislación que, desde la perspectiva estadounidense, sea efectiva en la prohibición de la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso, o asumir compromisos específicos en esa materia mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), como lo hicieron otros países.
En esa línea, la titular de la Subrei, Paula Estévez, explicó a Señal DF que “la situación de Chile no es directamente comparable con la de otros países. Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos desde hace más de veinte años, situación distinta a la mayoría países que firmaron el ART con EEUU, por lo que cualquier decisión debía evaluarse considerando no solo la tasa arancelaria aplicable, sino también los compromisos asociados, sus efectos sobre nuestra política comercial, nuestra institucionalidad y el marco jurídico que sustenta la relación económica bilateral”.
La próxima negociación
En paralelo, Estévez precisó que el país está manteniendo conversaciones bilaterales con Estados Unidos para procurar que productos estratégicos de la canasta exportadora sean incorporados dentro de las exenciones arancelarias. Este trabajo apunta especialmente a sectores con alto impacto en empleo, actividad regional y encadenamientos productivos.
Esa negociación está aún en proceso y no existe todavía un plazo único y definitivo para su cierre, pero nuestro país sí está elaborando un listado de productos que incluye salmón, uva de mesa, arándanos, algunos lácteos, carnes de ave, sales, entre otros, para incorporarlos al Anexo A, de productos con tasa 0%.
Para sentarse a la mesa, Estévez planteó en T13 Radio que la “mejor arma de negociación” son los minerales críticos.
“El problema que nosotros tenemos ahí, que nos cuesta a veces reconocer, es que nuestro mayor comprador de minerales en sentido amplio, críticos o no críticos, es China, sobre todo en el caso del litio. Entonces, sí, es la mayor palanca negociadora, pero nosotros ya firmamos un memorando de entendimiento con Estados Unidos y ahora lo más probable es que lo quieran incluir en un acuerdo vinculante”, mencionó el exjefe económico de Chile en Estados Unidos, Matías Pinto.
La exsubsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, sostuvo a su vez que “en este contexto vale la pena siempre mantener el diálogo, pero eso no significa estar transando cosas que efectivamente puedan salir peor. Y Estados Unidos ya tiene acceso, bajo el TLC, a los productos producidos en Chile con arancel cero”.
Regular el trabajo forzoso
Pese a que Chile concurrió a la ronda de conversaciones, no pudo convencer al USTR de que nuestro marco normativo e institucional era lo suficientemente sólido para prevenir e impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. En esa línea, Estévez aclaró que “Chile ha actuado con responsabilidad. (...) Cada país negocia desde una realidad distinta y bajo condiciones específicas. Es cierto que algunas economías de la región han suscrito acuerdos para acceder a una tasa de 10%, pero eso no significa que el contenido de esos instrumentos sea idéntico en todos los casos ni que sus implicancias sean las mismas para todos los países”.
¿Es momento de impulsar una legislación en esa línea? Por ahora la Subrei ha aclarado que el foco está en la negociación, pero el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, confirmó a este medio que “se está analizando la posibilidad de avanzar en una regulación en esta materia. Ahora bien, también hay que considerar que se trata de una legislación compleja de implementar, especialmente por los desafíos de fiscalización que implica”.
Pinto puntualiza en que en este punto “nunca estuvo en discusión la normativa legal chilena contra el trabajo forzoso” sino que el USTR apuntaba a crear mecanismos que impidan la importación en esos términos como “atribuciones que pueda tener la aduana, certificaciones que se puedan pedir a ciertos exportadores. Hay que tener un sistema sí o sí, pero por el buen funcionamiento del comercio internacional”, dice.
Sanhueza, en tanto, recuerda que en la materia “nosotros estamos 100% vigentes. Otra cosa es que apliquemos una medida. Imagínate estar nosotros chequeando que otros países no usan trabajos forzados. Tenemos que avanzar en nuestra producción interna, en nuestra fiscalización, pero es muy complicado estar fiscalizando a otros países”.
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