SILENCIO

A partir del 28 de mayo, toda persona menor de 14 años podrá urgir su derecho a que en cualquier centro de salud, público o privado, neutral o confesional, el facultativo o funcionario a cargo le entregue la píldora del día después y le guarde estricta confidencialidad, de manera que sus padres o apoderados no lleguen a enterarse.

El Reglamento del Ministerio de Salud que así lo dispone fue publicado en el Diario Oficial el día Jueves Santo. Esta circunstancia explicaría el silencio que encubrió esta noticia en la semana posterior. A excepción de la columna del Diario Financiero, ningún medio de prensa escrito se hizo cargo del tema. La Televisión lo ignoró por completo. Sólo el viernes pasado, de 3 a 4 de la tarde, Radio Agricultura abrió una ventana para que el abogado Sergio García Valdés, tenaz defensor de la honra de Cristo y de su Iglesia, expusiera ante una audiencia básicamente femenina el alcance e impacto devastador que este Reglamento tendrá en la vida de las personas, de la familia, de la adolescencia y de la sociedad. La reacción no se hizo esperar, su misma entrevistadora dejó prevalecer su calidad de mamá y llamó a las madres y a los padres de familia a reivindicar su derecho y deber de ser los principales educadores de sus hijos. Hubo intervenciones por teléfono y por mail, manifestando horror y estupor ante un Reglamento del que nada sabían y que ponía a mamás y papás en riesgo cierto de ignorar qué están haciendo sus hijos adolescentes (de 14 años hacia abajo) con su sexualidad. Una distinguida profesional de la ginecología ilustró enseguida sobre los componentes que hacen de esta píldora una auténtica “bomba química”, detallando los graves efectos colaterales asociados a su empleo. No fue necesario extenderse en el hecho de que ya el Tribunal Constitucional, en sentencia inapelable de abril de 2008, había prohibido de modo absoluto la comercialización y distribución de este “fármaco”, potencialmente agresor del derecho a la vida. Prohibido o no por sentencia, la recta conciencia moral impedirá siempre echar mano de un recurso que trastorna no sólo el organismo de una adolescente, sino los pilares jurídicos y éticos que sustentan la vida de una Nación cuyo núcleo fundamental es la familia.

A cuatro días de entrar en vigencia el Reglamento, el silencio continúa. Cualquier otro tema se juzga más actual, más trascendente, menos compromitente. Están en juego, en jaque-mate, el derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad de conciencia y de culto, a la educación de los hijos por sus padres y no por un funcionario, a prevenir delitos contra la sexualidad adolescente y contra la moral pública. Hay silencios buenos, prudentes, a favor de la vida. Este otro silencio es vergonzante y letal.