Robo de cables, delitos de mayor connotación social en centrales en operación y también en proyectos en construcción, son algunos de los hechos que han afectado a empresas de energía en sus diversos segmentos. Sin embargo, esta contingencia escaló de nivel con los últimos atentados a infraestructura de energía que involucran elementos explosivos, elevando la preocupación de las compañías, especialmente de la transmisión de energía.
Lo sucedido ha involucrado también a otros hechos de violencia, como una explosión en un puente ferrovario en Itata, gatillando una serie de gestiones. Entre ellas, que los poderes del Estado se dieron un plazo de 30 días para presentar propuestas de reforma a la Ley Antiterrorista (ver recuadro).
“De reiterarse o escalar (los atentados con explosivos), pueden poner en riesgo el suministro eléctrico de vastas zonas del país”, advierte Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile.
¿Cómo está viendo el segmento de transmisión los hechos de los últimos días como afectado directo? Desde septiembre del año pasado a la fecha, se han registrado tres incidentes contra infraestructura de transmisión eléctrica donde se ha identificado el uso de explosivos. El primero afectó a una subestación eléctrica de la compañía Transelec, en la comuna de Hualqui, Región del Biobío. Y los otros dos fueron próximos: en la última semana se atacó una torre de alta tensión en la Región de Valparaíso, de propiedad de Chilquinta; y otra en la Región del Biobío, de Frontel del grupo Saesa.
Esto no pasó como un simple hecho de violencia.
Tras los últimos hechos registrados, la Asociación de Transmisoras de Chile, gremio que reúne a las principales empresas de este rubro del país -y que en conjunto suman más de 16 mil kilómetros de líneas de alta tensión- reaccionó el domingo en una breve declaración donde dijeron estar disponibles para trabajar con el Gobierno en un plan de acción que aborde el tema de seguridad en las instalaciones de transmisión, infraestructura crítica para mantener la normalidad del suministro eléctrico del país.
Tras eso, se contactó al Ministerio de Energía para plantear su preocupación y activar así gestiones que permitan en conjunto enfrentar el problema.
A esto se sumó una solicitud de reunión con el Ministerio del Interior a través de la Plataforma de Ley de Lobby.
Consultado, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, reconoce que “los atentados con explosivos son sin duda muy preocupantes. Aunque no tuvieron impactos significativos en términos de servicio eléctrico, al tratarse –esta vez- de líneas ‘menores’ y porque los mecanismos preventivos de las empresas actuaron con rapidez, se trata de situaciones atribuibles a terceros que no se registraban hace más de dos décadas”. Y advierte: “De reiterarse o escalar, pueden poner en riesgo el suministro eléctrico de vastas zonas del país, además de la seguridad de las personas”.
Sobre las gestiones con las autoridades, reconoce que han estado en contacto con el Gobierno, principalmente a través del Ministerio de Energía. “También hemos manifestado -y reiteramos-nuestra total disposición de trabajo con el Ministerio del Interior, con el objetivo de colaborar con los cursos de acción que se definan para prevenir lamentables situaciones como las vividas el fin de semana pasado”, afirma.
Si bien dicen valorar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno en la materia, “creemos que como sector privado tenemos mucho que aportar”, asegura.
En esa línea, indica que existen experiencias internacionales que pueden ser de interés para estos casos y “servir de base para avanzar en un protocolo de seguridad formal e integral de la infraestructura eléctrica, que permita dar alertas y actuar de manera oportuna, preventiva y reactiva frente a estos hechos”.
Por ejemplo, cuentan conocedores, en el caso de España, existe una mesa de trabajo público-privada que se reúne periódicamente para tratar temas de seguridad de infraestructura crítica y cuentan con un protocolo de acción para reaccionar frente a eventuales atentados, con niveles de alerta que identifica cada caso y activa acciones específicas.
Según comentan fuentes, aunque actualmente existe un procedimiento y una coordinación con las autoridades de Gobierno para actuar frente a estos ataques, sería necesario un perfeccionamiento para tener protocolos más claros.
La Moneda fija un plazo de 30 días para redactar cambios a Ley Antiterrorista
El Presidente de la República Gabriel Boric encabezó en la tarde de ayer una reunión de coordinación con autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a los representantes de Carabineros, la PDI, del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia, para abordar los recientes atentados explosivos ocurridos en la zona sur. Como principal acuerdo, se resolvió que en un plazo de 30 días se deberá tener un texto consensuado para reformular la Ley Antiterrorista.
El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, explicó que “los tres casos que se están investigando aparentemente tienen una línea común” y que por lo mismo “nos comprometimos a una modificación de la Ley Antiterrorista, para que en 30 días nos volvamos a reunir con un texto que tipifique mejor el delito terrorista”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que en la reunión “se manifestó la inquietud y gravedad de los hechos que han estado ocurriendo” y afirmó que “la Ley Antiterrorista requiere de modificaciones significativas”.
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