¿A quién le cobramos? ¿Quién nos paga? Es la pregunta que las 50 empresas contratistas del Biobío se hacen frente a las deudas por aproximadamente $ 3 mil millones dejó en la zona la constructora española Tapusa y que en mayo abandonó cuatro obras en la región.
Han pasado tres meses desde que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunciara el fin de los contratos de las obras viales en construcción. Tres meses en los que Marcela Cuevas, gerenta general y dueña de Ingeniería CMX Chile, no sabe cómo cubrir los más de $ 600 millones que el factoring cobra sin dar respiro y que la ha obligado a liquidar parte de sus activos y a recurrir al patrimonio personal para sobrevivir.
Ingeniería CMX es una PYME, igual que las 49 contratistas restantes. Proveía de arriendo de maquinaria y servicios de movimiento de tierra para cuatro obras que la española mantenía en la zona (tres mandatadas por el Serviu y una cuarta por la Municipalidad de Concepción). Para resolver la deuda, tanto el Ministerio de Vivienda como el municipio, han reiterado que la única solución es demandarlos.
Judicialización
En efecto, a través de un Oficio del 7 de agosto dirigido a los seremis de la cartera en las regiones de Antofagasta, O’Higgins, Ñuble y Biobío, donde Tapusa tenía ejecución de obras, es el propio Poduje quien declara que “cuando se invoquen créditos cedidos mediante contratos de factoring (…) los Serviu deberán atenerse a lo que resuelvan los tribunales de justicia (…) sin que proceda efectuar pagos o retenciones al margen de dichas decisiones”.
Para Cuevas y los demás afectados “lamentablemente irse a juicio significa esperar tres a cuatro años y la verdad no llegamos a esos tres o cuatro años. Hay varios que ya no resistieron, hay otros que están en riesgo de liquidación voluntaria, esperando que aparezcan más obras a ejecutar o que se les abran las puertas de más conexiones laborales”, sostiene y agrega que “detrás de una PYME hay una familia. Yo te diría que 80% acá en la región estamos conformados por familias, padres con sus hijos en proceso de sucesión, matrimonios, hermanos”, lo que acrecienta el drama financiero.
Rigor en fiscalizaciones
Tapusa cesó los pagos a los factoring en noviembre del año pasado, generando una deuda indirecta que recayó sobre las empresas subcontratadas. Según explica Cuevas, el acceso a liquidez ocultó temporalmente la profundidad del problema, dado que operaban bajo la apariencia de un plan de pagos ordenado.
“Nosotros nos dimos cuenta de esto, del monto real, cuando tuvimos que sacar los equipos; o sea, en mayo (…) Si nos dejaban factorizar era porque la empresa sí estaba cumpliendo”. Ese monto real fue detallado por las propias compañías acreedoras cuando el caso fue de conocimiento público.
Aun cuando las instituciones “debían funcionar y tanto el Estado como el municipio debieron actuar como entes reguladores y fiscalizar adecuadamente”, los afectados hacen una autocrítica. Cuevas reconoce que su responsabilidad estuvo en que “confiamos hasta el último minuto y eso nos costó bastante caro”. Esa actitud no permitió que anticiparan las irregularidades que desencadenaron la crisis.
Por eso insiste en que en el futuro es clave aumentar el rigor durante los procesos licitatorios, no sólo en el escenario financiero, sino en las condiciones generales de las empresas o consorcios que se adjudican proyectos con recursos fiscales.
Tras lo ocurrido con Tapusa, uno de los contratistas afectados viajó hasta la dirección comercial de la constructora en España y en lugar de las oficinas que registraron en la licitación encontró un local de cowork.
La empresaria recuerda que este no es el único caso en la Región del Biobío. Tras la quiebra de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, Cuevas ya había resultado afectada. “Trabajamos con ellos por más de 15 años”, relató advirtiendo que las consecuencias financieras de esa crisis aún persisten. “Se van a cumplir cuatro años en octubre y aún no tenemos respuesta, ni siquiera la devolución del crédito fiscal. Hay varios juicios que están al pendiente y se sigue dilatando el tiempo”.
Un escenario de desprotección que su firma vuelve a enfrentar en la actualidad tras el abandono de obras de la española, evidenciando el riesgo constante para las PYME locales.
Recursos para el Rally
El malestar con los mandantes de la constructora no sólo está determinado por la falta de soluciones que fueron prometidas al inicio del conflicto, sino por lo que califican de "incoherencia" por parte de las autoridades, apuntando directamente a la Municipalidad de Concepción, que hace unas semanas confirmó la asignación de recursos para financiar las actividades la quinta fecha del WRC Rally Chile Biobío.
Para Cuevas y muchos de los afectados resulta incomprensible que se destinen recursos públicos para el evento deportivo. “Yo sé que el Rally atrae público y me parece excelente que se haga, pero tenemos que ser coherentes. Hay personas que vivimos en la región, que damos trabajo a la región que de verdad lo estamos pasando mal y que hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.
Ante la imposibilidad de resistir económicamente por más tiempo, los afectados radicalizaron su postura. Para este jueves 20 de agosto, han convocado a movilizarse frente a la Municipalidad de Concepción y del Serviu para exigir acciones concretas.