Los diputados DC Jorge
Burgos, Gonzalo Duarte y el diputado PS Carlos Montes presentaron una querella criminal,
por fraude al fisco y negociación
incompatible, contra el alcalde de
Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI), la cual fue acogida por el 3° Juzgado
de Garantía de Santiago.
Al respecto, el diputado Jorge Burgos, junto con calificar los hechos conocidos
como "graves", explicó que , "a la luz de los antecedentes derivados del
informe final de la Contraloría General de la República, sobre la fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Recoleta, se configura la comisión de los delitos de
negociación incompatible y fraude al fisco, figuras previstas y sancionadas en
los artículos 239 y 240 del Código Penal; correspondiendo una investigación en
los Tribunales de Justicia".
Sobre el delito de negociación incompatible, el parlamentario DC explicó que,
considerando la naturaleza de funcionario público, se aplica el artículo 240
del Código Penal, que establece que "se
sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación
en que deba intervenir por razón de su cargo diere interés a terceros asociados
con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades,
asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan
interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o
ejerzan su administración en cualquiera forma".
Lo anterior fue contrastado por el parlamentario
con los contratos celebrados por el municipio de Recoleta, entre agosto del
2006 y marzo del 2007 con la empresa GMA S.A,, representada por su gerente
general, Jenny Acevedo Sepúlveda.
"El alcalde Cornejo, en representación de la
Municipalidad de Recoleta, celebró ambos contratos con Jenny Acevedo, quien era
–además de representante y administradora de GMA S.A.- su socia en la empresa Asesorías
en Gestión Comunicacional S.A. o Rush S.A,
configurándose el delito de negociación incompatible", explicó Burgos.
Sobre el delito de fraude al fisco, el diputado DC, citando el artículo 239, señaló
que "el empleado público que en las
operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere
que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos
públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o
privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo,inhabilitación especial perpetua para el
cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado".
"Los
hechos, son de tal gravedad, que demuestran que los servicios contratados y
pagados por el Municipio no sólo no se
realizaron cabalmente, sino que además dan cuenta del incumplimiento de dicho
contrato, de la falta de idoneidad de dicha empresa para realizar la labor
encomendada, de la falta de necesidad de los servicios, y de la nula eficiencia
y eficacia de su contratación, perjudicando patrimonialmente de manera evidente
a la comuna por los servicios supuestamente prestados por GMA", puntualizó Burgos.
Finalmente, los diputados Burgos, Duarte y
Montes informaron que otorgaron patrocinio y poder a los abogados Gonzalo
Insunza, José Pablo Forteza y Matías Insunza.
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