En la sesión de Sala del Senado de este martes se dio cuenta del ingreso de la polémica reforma constitucional de seguridad del gobierno, con suma urgencia.
Por lo pronto, el primer debate se había generado mucho más temprano en la mañana, ya que había llegado a oídos de algunos senadores opositores de la comisión de Seguridad que el proyecto sólo se tramitaría en la comisión de Constitución, lo que generó la molestia y resistencia de algunos de ellos, que exigieron públicamente que, dado que contiene elementos propios de seguridad pública, la propuesta del Ejecutivo fuera discutida también en Seguridad.
Pues bien, eso lo resolvió la mesa -encabezada en ese momento por Iván Moreira (UDI)- para evitarse una larga discusión, enterado del disgusto de algunos senadores que integran Seguridad. Sin embargo, no pudo evitarse el mal rato, pues el debate se produjo igual y en eso los senadores se tomaron casi una hora de la sesión.
Finalmente, se acordó que el proyecto será revisado en general por la comisión de Constitución, tras lo cual volverá a la Sala para su votación. Posteriormente, regresará a Constitución para que lo revise en particular, luego hará lo propio Seguridad y, por último, Defensa para estudiar sólo el artículo 42 bis, que entre otras cosas se refiere a la creación de la figura del Oficial General del que dependerán las zonas en Estado de Excepción y a las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a la “colaboración” que puedan prestar las Fuerzas Armadas, por intermedio del Ministerio de Defensa.
Por último, se convino también que, si el proyecto llegara a comisión mixta, los representantes del Senado en dicha instancia serían los integrantes de Constitución. Ello luego que el presidente de la comisión, el opositor Pedro Araya (PPD) exigiera que así se acordara, argumentando que por ser reforma constitucional, esta instancia tiene atribución exclusiva en la tramitación del proyecto.
Dudas en el oficialismo
Así las cosas, la iniciativa ingresó con suma urgencia, es decir, que se debe tramitar en 15 días en cada Cámara, aunque en el mejor escenario, el Ejecutivo quisiera que el proyecto se tramitara con la urgencia fijada sin necesidad de tener que renovarla incluso en más de una oportunidad, parece que este podría ser el contexto en que se tramite la polémica propuesta, puesto que este es un tema que la oposición no está dispuesta a dejar pasar sin un estudio y debate profundo.
Por otro lado, el gobierno no tiene la certeza de contar con los votos necesarios en ninguna de las Cámaras, ya que la reforma constitucional tiene quorum calificado de 4/7 para ser aprobada. Eso implica que en la Cámara Baja requiere de 89 diputados y en el Senado de 29 votos.
En este último y aunque el lunes fueron acalladas las críticas de la UDI, el Ejecutivo tiene 26 votos, pero para esta reforma sólo cuenta con 25 hasta el momento, ya que el senador Matías Walker le mandó un duro mensaje al gobierno: “No cuenten con mi voto para esta locura, porque así mueren las democracias”.
El senador hizo hincapié no sólo en los 240 días que un Presidente de la República podría mantener el Estado de Excepción, sino que subrayó también las otras atribuciones que tendría el jefe de Estado durante su vigencia. Como son suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, el derecho a reunión, el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
Por otro lado, en conversación con T13 Radio, la presidenta de RN, senadora Andrea Balladares, aseguró que “creo que hay hartas cosas todavía con duda”. Mientras que su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, a través de su cuenta de X, junto con señalar que la agenda de seguridad es una prioridad y contará con el apoyo de su partido, añadió que el Estado de Excepción “concede poderes excesivos al Presidente que jamás querría en manos de la oposición. Debe ser corregido”.
Y complementó que “no se justifica en democracia dar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso en 240 días”, aludiendo a que, según el proyecto, el Presidente puede declarar el Estado de Excepción por 120 días y prorrogarlo por similar periodo, sin consulta al Congreso.
En este escenario, no parece que haya espacio para que esta reforma se tramite a la velocidad de otros proyectos de índole económica.
Preocupación en las filas opositoras
Ello, porque en la oposición comparten la preocupación sobre algunos de los aspectos mencionados por los senadores oficialistas y más. De hecho, el que se le entregue al Presidente la facultad de decretar un estado de excepción tan largo, que en total podría prolongarse ocho meses, sin tener que pasar por el Congreso, es uno de los temas en que en las filas opositoras también han hecho hincapié.
Tanto es así que el diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, advirtió que “lo más grave” respecto al nuevo estado de excepción propuesto es que “el Presidente de la República puede, por sí y ante sí, decretar estado de excepción en una población de nuestro país, durante ocho meses, sin que nadie lo controle”. No conforme con ello cuestionó: “Si eso no es socavar la institucionalidad, si eso no es un desarrollo de una democracia iliberal que conculca las garantías de las y los chilenos, ¿cómo se puede llamar?”.
En la misma línea, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, previno acerca de que “esta reforma, que supuestamente viene a avanzar en materia de seguridad, no sólo bypassea el control del Tribunal Constitucional, sino que además debilita la autonomía de otros poderes del Estado, radicando en el Ejecutivo o el Legislativo facultades propias del Poder Judicial”.
Desde el Frente Amplio han expresado una opinión similar: “Esta reforma no tiene nada que ver con seguridad. Esta es una reforma que pretende revertir las garantías constitucionales que deben funcionar en democracia”, planteó el diputado Gonzalo Winter.
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