El pasado 23 de octubre, a seis días de estallada la crisis, 12 jueces laborales del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo emitieron una declaración a favor del movimiento social. Un pronunciamiento que no fue muy bien recibido al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la declaración, los jueces manifestaron sus razones a favor de la movilización social, recalcando que en el país existen abusos por parte de los empleadores, incluyendo al Estado.
"En el ejercicio de nuestra función, vemos la precariedad laboral que aflige a millones de trabajadores (representados en relatos categóricos de trabajadores y datos objetivos que se repiten en cientos de millones de procesos), las instituciones legales que la consagran y las prácticas que muchas veces, de manera muy usual, configuran abusos de quienes emplean, incluída la inequidad de las relaciones existentes en el ámbito de las grandes empresas respecto de sus contratistas, que en no pocas ocasiones son empleadores también precarizados", se lee en la declaración firmada por un grupo de jueces.
En el escrito, firmado por Álvaro Flores, Carolina Luengo, César Torres, Cristian Álvarez, Germaine Petit- Laurent, Lorena Flores, Paola Díaz, María Teresa Quiroz, Maritza Vásquez, Victor Riffo, Victor Covarrubias y Yelica Montenegro, los jueces laborales sostienen que "vemos también como el Estado ha adoptado estrategias de precarización laboral a través de la contratación masiva a honorarios y de subcontratación impropia, sin excluir de esa realidad al propio Poder Judicial".
A juicio del grupo de jueces, en el empresariado del país se ha instalado una "antisindicalidad cultural", la cual ha ido de la mano de normas legales "que asfixian la autonomía colectiva, impiden avanzar en el diálogo social en el seno de la empresa y las ramas de actividad económica, indispensable en una sociedad democrática. Esta realidad petrifica los bajos salarios, impidiendo una distribución más justa de la riqueza que producen conjuntamente trabajadores y empresas".
Pero los magistrados no se detuvieron allí, y en su declaración señalaron que "como parte de una sociedad en crisis, testigos principales de la calidad de las relaciones laborales de nuestro país, los jueces y juezas del trabajo abogamos por soluciones estructurales en estas relaciones y por ello adherimos plenamente las movilizaciones pacíficas que amplios sectores de la sociedad chilena realizan para instar por esos cambios, con la finalidad de asegurar un futuro inclusivo, en paz y mayor justicia social".
Sin embargo, esta declaración no fue muy bien recibida entre los ministros de la Corte de Apelaciones -que deben velar por el correcto funcionamiento de los tribunales-, quienes analizaron la declaración y señalaron que "el servicio judicial trae consigo limitaciones y comporta fundamentalmente el deber de todo juez de observar la necesaria imparcialidad, como garantía para los ciudadanos, en términos que tiene que evitar comportamientos que puedan dar lugar a sospechas o de prejuicios o favoritismos".
A juicio de los magistrados, la declaración firmada por los jueces, podría constituir una infracción a la prohibición establecida en el numeral 3° del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales, la cual establece la prohibición de "mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial".
Ante esto, los ministros del tribunal de alzada resolvieron realizar un "llamado de atención" a los jueces laborales por "la poca mesura y poca prudencia que implicó suscribir y dar lectura pública a la declaración antes aludida".
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