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Publicado: Jueves 29 de enero de 2015 a las 05:00 hrs.
En el marco del "Día Internacional de la Protección de Datos Personales", representantes de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI) hicieron un llamado para agilizar el trámite sobre el uso de información privada en la red y recordaron que la normativa vigente se encuentra desactualizada y muy lejana al desarrollo tecnológico de los países de la OCDE.
El abogado representante de ACTI, Rodrigo Rojas, comentó que "estamos a la espera de que el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de ley que proteje la información sensible de las personas, porque no es posible que nos sigamos rigiendo por un cuerpo legal que data de antes del año 2000".
Del mismo modo, el profesional hizo mención a las reuninones de la OCDE, donde Chile constantemente dice estar trabajando en la materia, sin haber resultados concretos.
En la instancia también estuvo la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, quien inició el panel de conversación que intenta sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de proteger los datos personales y establecer mejores prácticas entre las instituciones públicas y empresas que recopilan o transfieren este tipo de información.
Durante el evento, Raúl Arrieta, coordinador de implementación y seguimiento de la Estrategia Digital de Chile, destacó el compromiso del gobierno para acelerar el envío del proyecto de ley y puntualizó que "debemos hacer convivir los derechos de los ciudadanos bajo un marco regulatorio que asegure con certeza la forma en que se utilizará la información sensible de las personas".
Por otra parte, el director Legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile, Alex Pessó, enfatizó en el apoyo de la industria privada para concretar acuerdos que contribuyan a las prácticas de transparencia y seguridad en la administración de datos personales.
El Ministerio de Obras Públicas proyecta abrir en septiembre de 2026 la licitación para el mejoramiento de la Ruta G-21, con el objetivo de que la obra esté operativa en 2035.
En votación dividida, el consejo del regulador aplicó una multa de UF 60.000 a la administradora, UF 15.000 para el exgerente general, Claudio Yáñez y de UF 5.000 para los exdirectores de la entidad.