A un día de presentado el proyecto de Carrera Docente, ya surgen las primeras interrogantes en la Comisión de educación de la Cámara, en donde se comienza a discutir la iniciativa. Así, la respuesta a los plazos de implementación y costos para el Estado, la tuvo que dar, ayer, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
Según explica el equipo del Mineduc, el período de implementación del proyecto será diferente para los profesores que ejercen en el sector municipal, de aquellos que se desempeñan en colegios particulares subvencionados, pues muy pocos de los 93 mil docentes en este último sector han rendido, alguna vez, evaluación docente.
En la carpeta del Ejecutivo, se contempla que en 2016 los docentes del sector municipal sean "encasillados" en las diferentes categorías que indican su habilidad y conocimiento, lo que repercutirá directamente en la renta percibida una vez aprobado la Carrera Docente. Por tanto, ya en 2017 los sueldos de los profesores que se desempeñan en el sector público incrementarían en un porcentaje que dependerá, entre otros factores, del resultado que hayan obtenido en su evaluación. Algunos, podrán ver aumentar su sueldo hasta en un 28% de lo que reciben hoy.
Junto con subir las remuneraciones, el proyecto también contempla endurecer las exigencias para ingresar a Pedagogía. En el Mineduc aseguran que en la actualidad se titulan de esa carrera más del doble de los docentes que el sistema necesita. En ese sentido, el proyecto pretende reducir, al año 2015, a 9 mil los egresados anualmente de esa carrera, considerando que hoy esa cifra es de 14 mil estudiantes.
Por otro lado, en medio de los cuestionamientos surgidos ante el dinero que necesitará el gobierno para implementar la totalidad de su reforma educacional –algunos, incluso desde el oficialismo, han apuntado a que se requeriría la totalidad de lo recaudado por la reforma tributaria-, Eyzaguirre especificó que los costos fiscales para Carrera Docente irán en aumento año a año y que, en régimen -pasado el 2025- la medida requerirá unos US$ 2.500 millones. Eso significa que poco menos de un tercio del proyecto liderado por Hacienda iría específicamente para financiar la nueva política nacional docente.
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