Una vez más, los efectos de la pandemia volvieron a enfrentar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a una concesionaria. Esta vez, la disputa involucra a la sociedad a cargo del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt -controlada por Sacyr y Agunsa-, que acudió por tercera vez al Panel Técnico de Concesiones para resolver un conflicto vinculado al contrato.
En ocasiones anteriores, las diferencias estuvieron relacionadas con la caída de ingresos provocada por la emergencia sanitaria -materia que actualmente sigue en discusión- y con compensaciones por atrasos que la concesionaria atribuye a la cartera. Ahora, el foco está puesto en los mayores costos que debió asumir durante la ejecución de las obras producto del fuerte incremento en los precios de los insumos de construcción.
Según expuso la sociedad en su presentación ante el Panel, dichos sobrecostos -que engloban desde los precios de los materiales, insumos y mano de obra- se originaron por un hecho “imprevisible e imposible de anticipar” luego de haberse adjudicado el contrato de concesión, provocado por el Covid-19.
La concesionaria agregó que este fenómeno se produjo precisamente durante la etapa de construcción del proyecto, amplificando sus efectos sobre los costos de ejecución de las obras.
A raíz de ello, detalló que el impacto económico de estos perjuicios alcanzó las UF 98.715, equivalentes a cerca de US$ 4,5 millones. La cifra, explicó la sociedad, representa cerca de un 10% de la inversión reconocida en el contrato de concesión.
A ello se suma, según argumentó la sociedad, que se trata de una concesión “inusualmente breve” en comparación con otros proyectos aeroportuarios, con un plazo total de apenas seis años, lo que reduce significativamente el tiempo disponible para recuperar las pérdidas sufridas durante la ejecución del contrato.
“Así las cosas, la afectación para la concesionaria fue mayúscula, ya que además del sistema de tarifa por pasajero embarcado se vio drásticamente mermado a la casi inexistencia por la situación de emergencia y el breve plazo del contrato de concesión, también la sociedad enfrentó un altísimo aumento extraordinario de costos de insumos, materiales y mano de obra, únicamente para cumplir con sus obligaciones contractuales, en absoluto desmedro del equilibrio contractual”, se desprende de la discrepancia.
Frente a este escenario, la sociedad sostuvo que corresponde compensar los mayores costos asumidos o, al menos, revisar las condiciones económicas del contrato. Sin embargo, afirmó que el MOP ha rechazado modificar el régimen contractual pese al carácter extraordinario de las alzas registradas.
Como consecuencia, la concesionaria solicitó que el Panel recomiende al Ministerio iniciar conversaciones con la sociedad “de buena fe con el propósito de revisar o flexibilizar el contrato de concesión, de común acuerdo, por causa sobreviniente justificada, con el objeto de acordar la mejor forma de adaptar el contrato de concesión, de acuerdo con los derechos, obligaciones y riesgos asumidos originalmente”.
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